Nación

Abogados de familia Reyes Ramírez denuncian complicidad de policía y operadores de justicia

“Granera nos prometió justicia”

Dicen que el Estado se ha coludido para proteger a los policías señalados de participar en la masacre de Las Jagüitas y critican acusación por homicidio imprudente. “¿Podría caber el desconocimiento o la impericia en oficiales que son preparados para este tipo de acción?”, cuestionan



El equipo de abogados que representa a la familia Reyes Ramírez denunció que las autoridades judiciales han obstruido su trabajo, negándoles acceso a la información y actuando en coordinación para proteger a los 9 policías acusados por la masacre de Las Jagüitas, cuya sentencia se conocerá el próximo 29 de julio. Los abogados no son optimistas sobre la sentencia, por lo que recuerdan a la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía, que la noche de la matanza ella le prometió a la familia Reyes que haría justicia.

“Se vio totalmente la estrategia, la concordancia que existía, miramos esta triangulación. Los procesados: el Estado; quien acusa: el Estado; quien juzga: el Estado y quien defendió: el Estado. Creemos que hubo alguna concordancia entre las instancias que llevaron esto al judicial”, dijo en entrevista con el programa Esta Semana, Francisco Guadamuz, uno de los abogados.

Desde que la fiscalía inició la investigación, a los representantes legales de las víctimas se les negó acceso a la información y a los sobrevivientes se les pidió una declaración hasta 8 días después de ocurrido el hecho. “Nunca nos buscó la fiscalía, ni tuvo algún contacto con la familia, hasta que damos una conferencia de prensa exigiendo presenten la acusación, ellos nos llaman y dicen que lleguemos el 19 de julio a las 9 de la mañana para tomarles la declaración a Milton, Yelka y al niño Axel”, relató Carlos Alemán, tío de Milton Reyes y parte del equipo de abogados.

Las irregularidades en el proceso suscitaron desconfianza hacia los operadores de justicia, que además nunca dieron lugar a los reclamos y peticiones de la familia agraviada. Los 9 policías acusados fueron imputados por homicidio imprudente, cuya pena máxima es de 4 años. En el documento acusatorio, no se tomaron en cuenta partes del relato de las víctimas que demostrarían que los oficiales, luego de disparar 48 veces contra el carro, violentaron a los heridos e impidieron la ayuda de los pobladores que presenciaron el hecho.

“Algunas cosas de la declaración no aparecen en la acusación, se dijo por ejemplo que se pidió auxilio a los mismos policías para que auxiliaran a los heridos, pero no lo tomó en consideración el fiscal. Se dijo que se le pidió ayuda a una camioneta roja oscura que estaba ahí y tampoco está en la acusación”, expresó Aleman.

¿Homicidio imprudente?

Los abogados se mostraron inconformes desde que se introdujo la acusación, en donde se imputa a los acusados por homicidio imprudente. Sin acceso a la investigación de la Fiscalía, los representantes de la familia Reyes Ramírez no pudieron introducir otra acusación con otros cargos.

Según las pesquisas de la policía y el ministerio público, presentadas únicamente en la audiencia frente a la jueza Alia Ampié,  los agentes dijeron que hicieron una señal de alto a Milton Reyes, quien conducía el vehículo. También expresaron que ellos pensaron que había atropellado al jefe de la operación, el capitán Zacarias Salgado y que por eso habían arremetido contra el automóvil.

Para los abogados, eso es solo una muestra de que intentan justificar la acción, que dejó un saldo de 3 víctimas mortales, 2 menores de edad y una joven. “Pasaron de 20 a 25 minutos pidiéndole a los mismo policías que estaba ahi que socorrieran a los niños y a los que estaban heridos y no se hizo. Eso no es imprudencia, ahi está demostrado el dolo, ahi se ensañaron en contra de las personas. En ese momento iba corriendo la vida, si tal vez lo hubieron socorrido, la niña estuviera viva por que ella todavía llegó luchando al hospital, casi a las 1 de la mañana muere, por que pasó media hora desangrandose”, manifestó Aleman.

Por su parte, el abogado Guadamuz considera que las tipificación del delito de homicidio imprudente, a como lo establece el Código Penal, no corresponde a las características de la acción perpetrada por agentes de las fuerzas anti narcóticos de la policía nacional. “Es un tipo penal cerrado, no deja opciones de pensar al judicial. Dice que se comete homicidio imprudente por temeridad o por violentar una norma elemental de cuidado, por desconocimiento o impericia. ¿Podría caber el desconocimiento o la impericia en oficiales que son preparados para este tipo de acción? Estamos diciendo que la Policía no tienen control sobre sus agentes o cualquier persona puede ser agente”, dijo Guadamuz.

Esperanza de justicia

Mientras se conoce el fallo de la juez, los representantes de las víctimas estudian la posibilidad de interponer otros recursos legales para seguir exigiendo justicia, a pesar que no tienen confianza con que estos tengan resultados favorables. “Sí sabemos previamente cuales son los resultados de las posibles acciones jurídicas que vamos a interponer, pero lo que queremos también con esto es dejar precedentes, estamos en conocimiento y total desacuerdo de lo que se ha venido haciendo”, expresó el abogado Guadamuz.

La figura de la primer comisionada Aminta Granera ha estado presente desde la noche de la masacre, cuando prometió esclarecer los hechos y castigar a los culpables. También se presentó en los funerales, y pesé que en un comunicado oficial la policía señaló a Milton Reyes de no acatar la orden de alto, es en la jefa policial que  la familia Reyes Ramirez deposita la esperanza de justicia.

“Nosotros todo el tiempo hemos creído en Aminta Granera, ella nos prometio justicia, y todavía mi familia piensa que de parte de ella va a venir justicia, ya que ni el poder judicial, ni la fiscalía, han hecho todo lo necesario para adquirir justicia”, declaró Carlos Alemán.

La Policía va contra el pueblo

  • Pobladores expresan preocupación por deterioro de la Policía Nacional

El caso de Las Jagüitas también ha tenido un impacto negativo en la opinión pública. En un sondeo realizado por Confidencial, la mayoría de pobladores consultados en las inmediaciones de El Zumen, la Universidad Centroamericana (UCA) y el Gancho de Camino, en el Mercado Oriental, afirmaron sentirse inseguros por el actuar de la Policía Nacional.

“Uno piensa que la policía lo está protegiendo a uno. Pero ideay, más bien se van en contra del pueblo (…) No están actuando bien, no los están entrenando correctamente para defender al pueblo”, lamentó Ena García. En esto mismo coincidió Martha Lorena Lacayo. “Nos sentimos inseguros en este país. Al ver a un policía no me voy a sentir protegida, sino desprotegida”, manifestó.

Asimismo, Francisca Tercero advirtió que los oficiales que participaron en el operativo del sábado 11 de Julio debieron cerciorarse que estaban apuntando al vehículo correcto. “Tienen que fijarse bien porque ese es su trabajo. No les está importando, ni se están fijando, en qué clase de personas son las que van allí (en los vehículos). Para la Policía no hay error. ¿Quién dice que ellos mismos se engañan, si están estudiando para eso?”, cuestionó esta capitalina.

El pasado miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los oficiales que rafaguearon a la familia Reyes Ramírez, pero redujo la cantidad de implicados en la masacre. Según expertos consultados previamente por Confidencial, dado los delitos imputados, las penas sumarían como máximo cinco años, con la posibilidad de una mediación o que eventualmente no sean encarcelados.

“Si a uno de nosotros, como civiles, nos hubiera pasado esto, nos hubieran echado presos un montón de años. Y ellos, como son policías, armaron a su manera el juicio (…) Allí hay cargos altos en la policía que tienen que ver en eso. Y ellos lo están ocultando, sólo procesan a los más ‘chavela’”, criticó Julio David López.

Paula Espinoza discrepó con López, asegurando que en Nicaragua sí existe justicia. Consideró que lo único que debe hacer la Policía Nacional es tener un poco más de cuidado con este tipo de casos. “Pero sí hay justicia”, reiteró.

Por su parte, Manuel Jiménez consideró que el proceso judicial abierto contra los autores de la masacre es incorrecto. “os policías implicados en el caso deben ser condenados, investigados y privados de sus cargos como miembros de la institución”, reclamó.

Otros habitantes de Managua, como José Canales y Emilio Ruiz aseguraron que reaccionarían distinto si un grupo de policías los hubiese detenido en las mismas circunstancias que la familia Reyes Ramírez. “No me resisto hermano, mejor correrme (de ellos)”, dijo el primero. “Mejor sería detenerse, porque – de igual manera – si te corrés te pueden hasta disparar (los oficiales)”, concluyó.

(Con la colaboración de Juan Carlos López).