Economía

Leyes nacionales e internacionales se pueden aplicar a culpables de la masacre

Informe Final CIDH allanará el camino en la OEA

CIDH en Nicaragua

Excancilleres Norman Caldera y Francisco Aguirre Sacasa analizan las posibilidades que tiene (o no) el Gobierno de Ortega ante comunidad internacional



La Organización de Estados Americanos (OEA) podría llegar a la conclusión que el Estado de Nicaragua rompió el orden democrático y entonces actuar en consecuencia, según tres diplomáticos entrevistados en el programa de televisión Esta Noche, que se transmite por Canal 12.

Uno de ellos, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, detalla que los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, legislan en torno al tema de la ruptura del orden democrático, e indican qué hacer en ese caso.

“Si bien es cierto que la violación de derechos humanos es una parte de esa valoración, también lo es la independencia de los poderes, que haya elecciones confiables periódicamente, y Estado de Derecho, y nada de eso tenemos en Nicaragua”, por lo que a su juicio, la situación que vive el país hace que la Carta Democrática Interamericana sea vinculante en este caso.

Siendo así, ¿por qué el máximo organismo continental no termina de aplicar sus propios instrumentos jurídicos al pie de la letra? Más allá de que parece evidente que hace falta voluntad política, hay otro elemento que sirve de excusa para no actuar: la aparente falta de base legal para hacerlo.

“Tener el Informe Final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hubiera permitido a Estados Unidos tener lo que llaman ‘la pistola humeante’, es decir, evidencia… de que hay violación de Derechos Humanos” en Nicaragua, declaró el también excanciller Norman Caldera.

“Una vez que se publique ese Informe… las delegaciones (ante la OEA) tienen elementos para decir ‘en Nicaragua hay violación a los derechos humanos’, lo que constituye una afectación grave de uno de los elementos esenciales de la democracia, y entonces se puede considerar que ha habido una ruptura del orden constitucional”, ilustró.

Cuando salga el Informe final de la CIDH, cualquier gobierno del continente tendrá la capacidad de convocar al Consejo Permanente de la OEA para ver el caso de Nicaragua, aseguró Caldera, aunque para ello será necesario que primero se acepte una decisión del Comité Jurídico Interamericano del 2009 que, a juicio de Caldera, “es aplicable a esta situación. Habría que ver si ellos están de acuerdo, y si hay suficiente países”, admitió.

Enjuiciar a los culpables

Otra consecuencia de ese Informe Final es que permitirá comenzar a indagar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de la matanza, y llevarlos a juicio.

“El establecimiento de las violaciones se va a dar sí o no en el Informe. Luego, la Comisión de la Verdad tendrá que establecer quién es el violador, a quién hay que llevar a los tribunales”, con lo que se comenzaría a satisfacer los reclamos porque haya justicia, explicó Caldera.

“Después viene la parte de la democracia, y me parece que ha habido un fetichismo con la Constitución, cuando aquí han habido dos leyes marco en las que se han hecho los cambios necesarios para salvar al país, aunque no estén estrictamente montados en la Constitución”, recordó.

La figura de la ‘Ley Marco’, fue invocada durante el gobierno de la señora Violeta Barrios de Chamorro, y otra vez durante la administración de Enrique Bolaños, “de manera que hay antecedentes que justifiquen pensar en una nueva Ley Marco que permita la aplicación de medidas para acelerar las elecciones”, dijo Caldera.

Además de las conclusiones a las que lleguen la CIDH y la posterior Comisión de la Verdad, los culpables intelectuales de la matanza de nicaragüenses también tienen que preocuparse por las sanciones que se les pueden imponer en el marco de la Global Magnitsky Act.

Dos funcionarios del régimen encabezan la lista de quienes deberían estar preocupados, en especial, después que varios congresistas estadounidenses pidieran incluir en esa lista al jefe en funciones de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y a Francisco López, vicepresidente de Albanisa, y como tal, administrador de los negocios de la familia Ortega-Murillo.

Los que no podrían ser sancionados por esa vía son Ortega y su esposa, pues a un jefe de Estado no se le puede aplicar sanciones, porque la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas les da inmunidad.

Desde luego, siempre hay alternativas, otras vías legales que se pueden explorar para alcanzar el objetivo de hacer justicia. El embajador José Luis Velásquez llamó la atención al caso de Venezuela, en donde los informes de la CIDH desembocaron en una recomendación para el enjuiciamiento de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.

“Nicaragua no es suscriptor del Protocolo de París, de la Corte Penal Internacional, pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben. En algún momento vamos a encontrar un camino para poderlos llevar a esa Corte, pero se requiere reafirmar el Informe Final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, instó.