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Infraestructuras básicas y calidad de vida

Los alcaldes impiden, con sus carencias y miopía política, el ordenamiento urbano de sus propias municipalidades



Nicaragua ha arrastrado, a lo largo de toda su historia, serias deficiencias en infraestructuras básicas que garanticen servicios dignos y mejoría efectiva en la calidad de vida de sus habitantes. No podemos negar el avance en la dotación de agua potable a nivel urbano y en amplias zonas del campo. Igual puede decirse de la electrificación, a pesar de muchas carencias y limitaciones en los servicios. Tarea pendiente es la instalación de alcantarillado sanitario en todos los centros urbanos, especialmente aquellos con mayor relevancia nacional. Basta mencionar Granada, que aún carece de una red completa a nivel del municipio, a pesar de ser uno de nuestros polos turísticos y tarjeta de presentación del país.

Mención aparte merece la infraestructura de salud a nivel nacional: escasa, deficiente, atrasada, mal equipada y con personal a menudo inadecuado para la demanda. Cabeceras departamentales importantes carecen de servicios hospitalarios acordes al volumen de población y en buena parte de los casos, deben trasladar a sus enfermos a la capital, con la consecuente presión sobre centros ya de por sí saturados y mal atendidos. Hace falta una verdadera política de priorización y modernización que evite, por ejemplo, tener que recurrir a países vecinos, como Costa Rica, para atender a enfermos de cáncer. Tampoco se salva la sanidad privada a la que me referí en un artículo publicado en marzo de este año.

Quiero referirme en esta ocasión a uno de los problemas más impactantes a nivel urbano, especialmente en las cabeceras departamentales, aunque no circunscritos a ellas únicamente. Es el tema de los mercados. Managua con su gigantesco Mercado Oriental; Chinandega, Masatepe, Jinotepe, entre los más relevantes, con cánceres urbanos que crecen sin control, orden ni concierto. A diario vemos en los periódicos noticias sobre los múltiples problemas generados: grandes acumulaciones de basura; hedor; insalubridad; afectaciones a los habitantes de las áreas inmediatas que ven coartado incluso el acceso a sus viviendas; serias afectaciones al tráfico vehicular; graves riesgos ante cualquier desastre natural; descontrol y abuso de los servicios eléctricos; violencia y maltrato hacia los vecinos por parte de los comerciantes, y una larga lista de etcéteras.

Yo recuerdo Jinotepe con mucho cariño. Esa ciudad fue nuestro refugio después del terremoto y en ella vivimos dos años. Era limpia, quieta, fresca, ordenada, con una población amable y generosa. Una ciudad reconocida por su limpieza. Nada más lejos de su imagen actual, caótica, sucia e insalubre por culpa de la incuria e incapacidad de sus autoridades municipales para ordenar la actividad comercial.

El impacto en la calidad de vida de la población es enorme y en casos como el de Jinotepe, está llegando a límites de extrema gravedad con amenazas de destrucción de la propiedad privada y de agresiones físicas por parte de los comerciantes. Las amenazas a la integridad física de las personas y, en este caso, a la iglesia, son delitos perseguibles de oficio. ¿Dónde están el Ministerio Público y las autoridades locales ejerciendo sus responsabilidades e impidiendo la impunidad de la que hacen gala unos cuantos?

El nuevo mercado, construido desde hace algún tiempo con una cuantiosa inversión, debería haberse constituido en la infraestructura comercial que garantice tanto a los comerciantes como a los compradores, condiciones dignas en todo sentido. Sin embargo, nuestra inveterada costumbre de dejar todo a medias o construir por debajo de los estándares (en muchos casos por la corrupción imperante) parece estar en la raíz de los problemas que el nuevo mercado enfrenta actualmente y que afecta a la ciudad en su conjunto.

Diseñar un centro de esta tipología no es simplemente proyectar una estructura con tramos; se trata de una infraestructura básica que debe responder a sus condiciones urbanas específicas, según su ubicación en la ciudad: accesos, transporte, estacionamiento, rutas de evacuación en caso de desastres, etc. Su planificación espacial debe considerar la tipología del comercio y su correspondiente zonificación interna, con sus especificidades y normas, además de instalaciones de agua, electricidad, drenaje sanitario y pluvial acordes a la capacidad y necesidades del centro y su ubicación; son obligatorios los planes de seguridad contra sismos, inundaciones, incendios y otros desastres naturales tan comunes en nuestro país; proveer un diseño arquitectónico que garantice la protección de los usuarios de elementos como lluvia, asoleamiento, vientos, etc.; garantizar interiores modernos y limpios con materiales apropiados; espacios adecuados de exposición de los productos y circulación de los compradores, además de infraestructuras complementarias que aseguren la facilidad de acceso para todos los usuarios y permitan el desarrollo de la actividad en condiciones óptimas.

Me pregunto si ha habido arquitectos calificados involucrados en el diseño de este centro y si sus especificaciones fueron cumplidas por los constructores. Cabría preguntarse por qué este tipo de diseños no son sometidos a concurso en el que se escojan las mejores opciones y los mejores profesionales y puedan crearse prototipos. Ello redundaría en enormes beneficios para todos y en el desarrollo de una arquitectura de calidad de la que estamos tan necesitados.

Los alcaldes, sin voluntad política propia ni poder real, siempre a la espera de las “orientaciones” emanadas “desde arriba”, demuestran una incapacidad alarmante para resolver los más mínimos problemas de sus jurisdicciones e impiden, con sus carencias y miopía política, el ordenamiento urbano de sus propias municipalidades.

Jinotepe es nuestro caso de estudio y todos esperamos que la situación se resuelva positivamente a la mayor brevedad en beneficio de toda la ciudad. Otros centros urbanos como Masatepe o Chinandega esperan su oportunidad para ordenarse y crear las infraestructuras necesarias que permitan garantizar una mejoría sustancial en la calidad de vida de nuestra población.