Opinión

La Costa: más integrada y menos autónoma

El proyecto del Canal ha expuesto el doble discurso de Ortega: promueve la autonomía y amenaza de facto con despojar a perpetuidad tierras comunales



A pesar del avance sustancial en la demarcación y titulación de los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua (el 31.6 por ciento del territorio nacional y casi la totalidad de las áreas históricamente demandadas como propiedad colectiva ancestral), las condiciones post titulación plantean nuevos y sustantivos problemas al ejercicio limitado de la autonomía costeña: la falta de saneamiento de los territorios –sin lo cual no se puede hablar de control territorial indígena; el riesgo inminente de desposesión de la tierra ancestral, a través de proyectos de infraestructura de gran escala, especialmente el proyecto de Canal Interoceánico, y de la economía de plantaciones de monocultivo, como la palma africana; y la suplantación de autoridades comunitarias legítimas, para favorecer un modelo de gobernanza centralizado.

Este escenario lo defino como la domesticación de la autonomía regional costeña a un modelo de acumulación capitalista activamente promovido por la segunda administración de Ortega, en donde los derechos de los pueblos indígenas se subordinan a una visión de desarrollo definida por el Estado, las elites económicas del país y los intereses del capital global. Bajo este escenario, sugiero que la autonomía regional como modelo de acomodación política y cultural parece haber “tocado fondo”, habiendo experimentado sucesivamente de parte de los gobiernos nicaragüenses políticas de aislamiento (1990-1996), suplantación (1996-2005), y subordinación (2006+). Contrario al espíritu inicial, la autonomía ha derivado en una mayor integración (subordinada) al país, y consecuentemente en una menor capacidad de autodeterminación.

Es necesario anotar que Nicaragua estuvo gobernada durante 16 años (a partir de 1990) bajo gobiernos liberales, tres administraciones que adversaron –con distinto nivel de éxito– al régimen autonómico. La diferencia con la segunda administración de Ortega es que ésta se presenta con un discurso oficial multicultural de apoyo (y acciones distributivas limitadas) respecto a la autonomía, pero bajo un modelo centralista activamente autoritario y centralizador. Tiene además a su favor un mayor control político de los Consejos Regionales y una mayor capacidad de cooptación de lideres históricos del movimiento pro-autonomista, que antes denunciaron los abusos de los gobiernos liberales contra los derechos de los pueblos indígenas. La administración de Ortega, a diferencia de sus predecesores, tiene una visión nacionalista de integración política y social del Caribe nicaragüense, bajo un modelo de gobernanza de subordinación y cooptación de las instituciones políticas autónomas y de la elite política costeña. Este escenario presenta importantes desafíos, tanto para el desarrollo del régimen de autonomía, como para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa.

El saneamiento, impasse trágico

El gobierno del FSLN ha adoptado una posición oficial de apoyo al saneamiento de las tierras tituladas. Sin embargo, en la práctica de preservación del estatus quo no sólo han aumentado las ocupaciones ilegales, así también los conflictos entre colonos mestizos e indígenas, los que se han tornado violentos y representan una clara amenaza a la seguridad y paz de la región, especialmente en la zona norte. En un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la administración de Ortega responsabilizó a YATAMA y Organizaciones No- Gubernamentales de promover los enfrentamientos a través de acciones de “auto-saneamiento” y de ventas ilegales de tierras que involucran a dirigentes indígenas. También ha minimizado la escala de estos conflictos. Respecto al “auto-saneamiento”, el Gobierno ha dicho que este “se ha llevado a cabo al margen del proceso legalmente establecido, incidiendo en elevar la situación de riesgo y violencia en las comunidades referentes”. Por su parte, YATAMA, y algunas organizaciones civiles, han acusado al gobierno de no cumplir la “Ley 445”, de tener un doble discurso respecto al saneamiento y de promover nuevas ocupaciones ilegales. El resultado del estado de cosas es un impasse trágico que resulta cada día en acciones violentas, situación que ha sido conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El canal interoceánico en tierras indígenas

En mayo de 2016 el Gobierno anunció la firma del Convenio de consentimiento “libre, previo e informado” entre el pueblo Rama-Kriol y la Comisión del Gran Canal, a través del cual se definen los términos para realizar la obra en las tierras ancestrales del territorio Rama Kriol (ver El 19 Digital 3 de mayo 2016). El asunto clave del Convenio establece que las tierras comunales serán arrendadas por tiempo indefinido. No se establece un canon de arrendamiento, sino que este se incluirá en un contrato a posteriori. El Convenio indica que sus términos no podrán ser alterados por un periodo de 20 años luego de firmado. Ante estas condiciones, una parte de los líderes comunitarios disidentes, legítimamente electos, del Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTR-K) recurrieron de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, sin resultados. El gobierno, por su parte, ha presentado este Convenio como un ejemplo de consulta a nivel continental y entregó una copia del mismo el año pasado a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, durante la reunión del Foro Permanente de Pueblos Indígenas en Nueva York en el 2016.

Hasta ahora el tema del consentimiento de los pueblos Rama y Kriol permanece como un asunto altamente contencioso. Están, por una parte, los disidentes del GTR-K exigiendo una consulta informada y de buena fe –no oponiéndose necesariamente a la obra del Canal–, y por otro, a la Junta Directiva del GTR-K, incluyendo su Presidente y el Gobierno de Nicaragua, promoviendo el Convenio como un hecho consumado y ejemplo de una buena práctica de consulta a nivel continental y global. En medio de ambos, existen docenas de comunidades escasamente informadas sobre los posibles impactos del Canal, acerca de los términos de uso “indefinido” y con mínimo poder para influir sobre las decisiones fundamentales que podrían afectar su territorio ancestral; decisiones que se toman más allá́ de sus propias estructuras locales de autoridad, y del nivel político regional.

Desde mi punto de vista, el proyecto del Canal ha expuesto el doble discurso de la administración de Ortega: por un lado, promueve oficialmente el régimen de autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, pero, por otro, en la práctica, amenaza de facto con una desposesión a perpetuidad de las tierras comunales.

El régimen de autonomía regional del Caribe de Nicaragua cierra un ciclo que inició con expectativas positivas: fue capaz de poner fin al conflicto armado, renovar las esperanzas de paz y, sobre todo, repensar las históricas relaciones de desconfianza mutua entre la sociedad caribeña multiétnica y el resto de la sociedad nicaragüense. También fue una oportunidad para que el Estado y la región se encaminaran a relaciones y normas de convivencia y reconocimiento mutuo. La evolución del régimen de autonomía ha sido una transición, desde un momento inicial de optimismo, hacia un modelo limitado de ejercicio de la autodeterminación; un modelo ahora aún más restringido bajo una administración determinada a integrar a la Costa bajo una visión de desarrollo cuyos agentes son el capital global y las elites políticas y económicas del país.

Las resistencias al centralismo y el doble discurso oficial existen y son importantes, especialmente desde el espacio de autoridad en los territorios indígenas y afro descendientes, pero aparecen como expresiones marginales a una narrativa sagaz arropada desde el poder del Estado y sus instituciones. La acción colectiva de resistencia es visiblemente delineada a través de identidades étnico-raciales, indígena y afro, apegada a la defensa del territorio y el espacio de vida, y esta acción gradualmente ha encontrado resonancia y una plataforma común con los campesinos mestizos amenazados de ser desplazados por las obras del canal interoceánico.

*Resumen de la ponencia presentada en el XI Congreso Centroamericano de Antropología (Marzo 2017): Nicaragua: ¿Autonomía regional, al final de un ciclo? Disponible aquí