En el Triángulo Minero abundan las oficinas de notarios y abogados que emiten escrituras que “avalan” el tráfico de tierras en comunidades indígenas.

En Siuna y Rosita, dos de las tres ciudades que componen el llamado Triángulo Minero de Nicaragua, las oficinas de abogados y notarios públicos abundan. Los rótulos son variados: pequeños, de madera, grandes y pintados en la pared ofreciendo servicios legales. En estas oficinas, algunas minúsculas, sucede la danza de escrituras públicas de compraventa, derechos de posesión y desmembración de los territorios indígenas, pese que está prohibido por ley.

Algunos despachos legales son más ostentosos que otros, pero en la mayoría solo basta una computadora, una impresora y el protocolo “para dar fe” de una transacción. El Triángulo minero es la puerta de entrada a los territorios indígenas, pasando por la reserva biosfera de Bosawás hasta llegar a la llanura de Puerto Cabezas y Bilwi. Los colonos que vienen del centro y Pacífico del país tienen “cultura de escritura catastral” y son los responsables de instaurar esta modalidad de escritura pública.

Cada mañana, los despachos de abogados en Siuna y Rosita están atestados de campesinos ensombrerados y de botas, quienes se refieren a los abogados con reverencia: “Buenos días, doctor”, “adiós, doctor”, “¿cuánto le debo, doctor?”. En septiembre de 2015, cuando la violencia estalló en las comunidades indígenas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió a cinco abogados por participar en las ventas ilegales de tierra. Pablo Jarquín, Ernesto Cortez, Rito Jirón, David Rocha Rocha e Irma Forbes fueron los sancionados.

Sin embargo, la danza del tráfico de tierras continúa en Siuna y Rosita, donde la abogacía da la impresión de ser un negocio más rentable que la extracción de oro. Confidencial tiene en su poder decenas de escrituras públicas que involucran a nueve abogados, quienes a lo largo de la década han vendido un sinnúmero de manzanas de tierras en la comunidad indígena de Copawás, territorio Mayangna Sauni Bas, ubicado en Siuna.

Los notarios son José Amador Hernández, Ernesto Amador Cortés, Jimmy López Castañeda, Juan Ramón Flores Rugama, Donald Ríos Espinoza (ya fallecido), Francisco Guevara, Anita Salomé Artola Blanco y Cristino Aguilar Tinoco. Algunos de esta lista ya han sido investigados por las autoridades.

El notario Cristino Aguilar Tinoco. Confidencial | Carlos Herrera

En las escrituras que posee Confidencial, el jurista con más documentos fabricados es Aguilar Tinoco. Él es el notario más viejo de Siuna y fue sancionado por el Poder Judicial. No acepta culpa alguna sobre los señalamientos en su contra.

“Los abogados no tenemos responsabilidad alguna. El notario lo que hace es dar fe del contrato. No tiene ninguna responsabilidad en cuanto al negocio que se hace, porque el negocio lo hacen particulares con un miembro de la comunidad”, argumenta Aguilar Tinoco.

Después de Aguilar Tinoco, la abogada que más figura en las escrituras es Artola Blanco. La escritura pública 157 cartulada por ella en 2009 es un ejemplo de cómo las transacciones carecen de rigor legal en las minas. El documento expone que Francisca Ocampo Pravia vendió 200 manzanas por un precio de 300 mil córdobas (10 mil 660 dólares al cambio actual) a Nubia Castro Ocampo. Lo llamativo es que Ocampo Pravia probó que era dueña del terreno con un “derecho de posesión” hecho a mano y que le otorgó un sujeto llamado Nicomedes Aguilar. El documento es tan informal que los comparecientes ni siquiera firman o detallan sus números de cédulas.

“El colono va donde un abogado y le dicen la ubicación del bien, y automáticamente hacen una escritura que no tiene sentido”, critica Luis Herrera, investigador de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).

El abogado Yeris Santiago, también investigado por el Poder Judicial, pero que en la actualidad ejerce sin obstáculos la profesión, explica que parte del problema es que la Costa Caribe “es una región especial”. Dice que no existe Registro Público y las tierras no son catastradas. “El cumplimiento de la ley 100% para hacer una escritura de compra-venta, que te indica que tenés libertad de gravamen, planos, entonces es un poco compleja”, justifica.

La “no objeción” del procurador Estrada

Según la ley de Régimen de Propiedad Comunal (445), el único documento que legaliza la permanencia de un “tercero” en un territorio indígena, es que posea un Título de Reforma Agraria entregado antes de 1987. De no tenerlo, cualquier documento que presente es considerado nulo por la ley.

Una constancia de “no objeción” emitida por el propio Procurador General de la República, Hernán Estrada, viola ese precepto de la ley 445. El documento conocido por Confidencial expone que Estrada reconoció a favor de Gregorio Rivera Herrera y Julio Amador Molina un lote de seis mil manzanas de tierras, ubicado entre Waspam, Prinzapolka, Puerto Cabezas y el Río Kukalaya.

Rivera Herrera y Amador Molina fungen en la “no objeción” como “representantes” de los otros dueños de la propiedad, que son: Miguel Horacio Miranda Suárez, José Cortes Mena, Román Alfonso Ortez, Fidel Gallardo Mendoza y Carlos Serante Mendoza. Todos ellos son descritos como agricultores y originarios de Piako, Prinzapolka.

La documentación establece que los beneficiarios con la “no objeción” del procurador Estrada adquirieron la propiedad bajo un título gratuito de reforma agraria, entregado por el entonces ministro Jaime Wheelock Román en 1988. La propiedad está inscrita bajo el “número 434, tomo 003, asiento primero, folio 126, libro de propiedades sección de derechos reales, columna de inscripciones según diario 516, tomo 002, folio 157 del libro de propiedades del Registro Público de la Propiedad Inmueble de Puerto Cabezas”.

El procurador Estrada no respondió a las llamadas de Confidencial para consultarle sobre esta no objeción que viola la ley 445. Visitamos la sede de la Procuraduría, en Managua, en busca del funcionario. Una asistente tomó nuestros datos para llamarnos. Pero no ha pasado.

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Una asistente de Hernán Estrada nos atendió en la sede de la Procuradoría, en Managua, y nos tomó los datos. Prometió contactarnos, pero todavía no lo hace.

Algunas de las escrituras que posee Confidencial sobre los abogados de Siuna y Rosita mencionan el título de propiedad de la reforma agraria, pero no lo adjuntan en la documentación. Para Lottie Cunhingahm, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), esos folios incompletos son “documentos viciados”.

“Nosotros tenemos conocimiento de muchos documentos que han sido avalados por las autoridades municipales, regionales y también por la Procuraduría General de la Republica. La ley establece que estos documentos que tienen vacíos no tienen validez”, afirma.

El juez territorial del territorio Tuahka Takalbana, Nicolás Montiel, resalta que los abogados violan “el precepto constitucional”. “Las tierras indígenas son intransferibles. No se compran. No se venden”, zanjó el mayangna.

Los juristas de Siuna y Rosita justifican las ventas de terrenos que realizan y achacan la responsabilidad a los comunitarios. “Viene una persona, pero no le digamos colonos, porque colono es quien se mete y se apropia, y adquiere legalmente la propiedad… esa compra es una responsabilidad del que vende, de la comunidad que avala, no del notario”, alega el abogado Aguilar Tinoco.

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Con las escrituras en mano, los invasores aducen que tienen suficiente elemento jurídico para decir que las tierras les pertenecen. “Dicen esto es mío, nadie me puede desalojar, nadie me puede sacar. Y eso le restriegan en la cara indígenas, que ellos están legales, por el simple hecho de tener una escritura que no tiene el sustento del título de propiedad”, explica el investigador de URACCAN, Luis Herrera.

El legajo de escrituras que posee Confidencial también lo conocen las autoridades como la Policía Nacional, la Fiscalía y el MARENA, según el CEJUDHCAN. “Estamos hablando no solo de personas naturales, sino de personas jurídicas. Empresas que han empujado explotación y exploración de madera y minería y nadie ha atendido estas demandas de las comunidades. El conflicto ha llegado porque se ha avanzado tanto la frontera agrícola, porque existe una mentalidad de expandirse en los territorios indígenas con fines políticos y económicos”, dijo Cunhingahm.

De hecho, en varias de las copias de escrituras que tiene Confidencial pueden verse los sellos de recibido de esas instituciones. La escritura 525 realizada por el notario José Amador Hernández sobre una desmembración de una finca en Copawas fue denunciada ante el MARENA desde el 17 de agosto de 2010.

Los gobiernos territoriales Mayangna Sauni As y Mayangna Sauni Bas, ubicados en la reserva Bosawás, denunciaron que desde 2010 el gobierno del comandante Daniel Ortega conoce de al menos 339 casos de invasión y titulación de propiedades. Pese a que documentaron cada uno de los casos, las denuncias no prosperaron.

Eliseo Taylor vive en el territorio Tuahka Takalbana. Trabaja promoviendo las denuncias contra los colonos. Lamenta que su gobierno, el de Ortega, no los escucha.

“Cada vez llamamos a las autoridades competentes para elevar nuestra plegaria ante esta situación. Siempre cuando hay planteamientos, es como que nos echan a nosotros mismos buscar la alternativa”, relata vestido con una camisa alusiva al régimen sandinista.

Más al norte, ya alejados del Triángulo minero y del trajín de los abogados en sus despachos, en Waspám, el motor de un cayuco es encendido. El miskito Delwing Rosalío se quita los zapatos mientras relata los ataques de los colonos. Reflexiona sobre este complejo tema y suelta: “El máximo colono es el Estado de Nicaragua”.


Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.