Nación

Se vence plazo para independentismo y aplicación de artículo 155 de la Constitución

Hora cero de la crisis de Cataluña en España

Embajador Garranzo: si ha habido declaración de independencia, “es evidente que el Estado tiene que reaccionar”



Este lunes 16 de octubre se vence el plazo que el gobierno español encabezado por Mariano Rajoy impuso al presidente de la Generalitat, Carles Puidgemont, para que aclare de forma inequívoca si ha declarado la independencia de Cataluña, como requisito para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Es la hora cero de la crisis política española ante la amenaza secesionista de Cataluña: “lo que hace (el artículo 155) es retomar el control para recuperar la legalidad que permita la recuperación del funcionamiento normal de esa comunidad autónoma. Ninguna aplicación del artículo 155 tiene como voluntad cancelar una comunidad autónoma ni sus poderes”, asegura el embajador de España en Nicaragua, Rafael Garranzo, en una entrevista con el programa televisivo Esta Semana. El diplomático prefiere no especular sobre la respuesta de Puidgemont, y espera “sea constructiva”.

Hace quince días, el domingo 1 de octubre, en Cataluña se celebró un referéndum para votar sobre la independencia de esta comunidad autónoma. El referéndum fue objetado y suspendido por el Tribunal Constitucional que lo declaró ilegal e inconstitucional y el Gobierno intervino con las fuerzas de seguridad para impedir el proceso eleccionario.

Según las autoridades de Cataluña, en este referéndum votaron el 43% de los censados y el 90% lo hicieron a favor de la independencia. Pero apelando a la Constitución española, el gobierno que preside Mariano Rajoy y el rey Felipe, le restan toda validez legal al supuesto mandato de soberanía.

Mientras tanto, en Cataluña se han protagonizado manifestaciones multitudinarias a favor y en contra de la independencia y algunas de las principales empresas catalanas, han empezado a cambiar el registro de su domicilio legal, ante la incertidumbre de una crisis de consecuencias imprevisibles.

Colectivos de ultraderecha portan banderas preconstitucionales mientras queman banderas esteladas y propaganda independentista. EFE

El martes pasado, el presidente de la Generalitat Carles Puidgemont, proclamó la independencia de Cataluña pero suspendió el acto en espera de un diálogo, y el presidente Rajoy lo emplazó a definir de forma inequívoca su proclamación, antes de aplicar al articulo 155 de la Constitución, que le permitiría intervenir en Cataluña y asumir el control del Gobierno.

Este es un fragmento de la conversación con el embajador Garranzo en el programa televisivo Esta Semana.

Esta crisis se agravó en septiembre de este año con la convocatoria a ese referéndum, pero desde el 2014 Cataluña había celebrado otra consulta independentista y en 2015 se eligió un Gobierno abiertamente proindependencia, es decir, esta es una crisis avisada. ¿Se pudo haber previsto anteriormente su solución?

Para comprender lo que está pasando ahora es importante ver el ciclo político que se genera en septiembre del 2015. Todo lo que emana ahora tiene que ver con esas elecciones del 2015. En esas elecciones los partidos que se presentan con una agenda política normal de resolución de problemas cotidianos de Cataluña representan algo más del 52 por ciento de los votos. Mientras que los partidos que se presentan con una agenda independentista, vienen a representar 47.8 por ciento. Hay una mayoría claramente no independentista como ha sido así en las 37 elecciones que han tenido lugar en Cataluña, elecciones generales y autonómicas en las cuales nunca ha habido una mayoría de votantes a favor del proyecto independentista.

Sin embargo, la Ley Electoral que protege a las provincias menos pobladas invierte en el Congreso esa relación. Lo que significa que los partidos que están a favor de la independencia tienen una mayoría absoluta. Tienen la mayoría de escaños, pero no tienen la mayoría de votos. A pesar de lo cual, en vez de un gobierno que intente defender lo que opina la mayoría del electorado, introducen el tema de un referéndum vinculante. Y ante el anuncio de un referéndum vinculante, tanto el gobierno como los órganos que interpretan la Constitución le hacen saber que de acuerdo con la Constitución española, una comunidad autónoma no tiene autoridad para convocar un referéndum, mucho menos para un referéndum de secesión.

A la izquierda, el periodista Carlos Fernando Chamorro, a la derecha el embajador de España en Nicaragua Rafael Garranzo durante el programa Esta Semana.Y ahí se produce pues una reacción sorprendente en un Estado democrático de derecho cuando el gobierno autonómico dice: “no tomo en cuenta lo que dice el Tribunal Constitucional, no tomo en cuenta lo que dicen las leyes y yo sigo adelante con la voluntad de hacer ese referéndum”.

El movimiento independentista

Ese movimiento independentista hace diez años captaba el 10 o 15 por ciento de los votos y aumentó su apoyo considerablemente. Esto se produce en un contexto de diferencias entre Cataluña y el Gobierno Central. ¿De qué forma incide en este proceso la crisis económica que se da en España?

Esa es una de las interpretaciones que se ha hecho. España tuvo que aplicar, tanto la administración general de Estado como las administraciones autonómicas, medidas muy serias para resolver la crisis económica y financiera que tuvo lugar en España.

¿Qué es lo que sucede en Cataluña? Que esas políticas, que fueron tan duras, se aplicaron igual que en el resto de España, pero la conversación política no se centró en ello, la conversación política se centró en el debate entre la relación entre Cataluña y España. Yo por eso prefiero no meterme en el terreno de la interpretación. Pero el hecho que se da es que la diferencia entre Cataluña y el resto de España es que el debate político se sitúa en torno a la relación bilateral Cataluña-España, mientras que el resto de presidentes de comunidades autónomas y el Gobierno Central tenía que estar justificando y defendiendo frente a sus ciudadanos, las políticas duras que hubo que implementar para salir de la crisis.

Manifestación en Barcelona bajo el lema “Cataluña sí, España también”, convocada por entidades contrarias a la independencia. EFE

¿Cómo se produce el desenlace del primero de octubre?

El Gobierno de la Generalitat anuncia que va a hacer el referéndum y la Ley de Transitoriedad que dice que hay que aplicar los resultados de ese referéndum y que pasadas 48 horas después de ese supuesto referéndum se podría declarar la independencia si el resultado ha sido favorable.

Entonces esa aprobación de esas dos leyes se producen en dos jornadas que son tristes para Cataluña. Porque ahí lo que ves es un parlamento que actúa contra su propio reglamento, que actúa contra su propio estatuto, contra las minorías a las cuales no se les permite presentar mociones y contra el dictamen de la propia mesa de garantías del parlamento que dice que eso no se puede hacer.

A pesar de eso llevan adelante, lo cual es un día duro para el parlamentarismo y la democracia en Cataluña. Y eso provoca que el Tribunal Constitucional diga que esas dos leyes son ilegales y no se pueden aplicar. Y consecuentemente, el Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña instruye a las fuerzas de seguridad para que tomen las medidas para que eso no tenga lugar. Entonces, en la jornada del primero de octubre que es lo que te decía al principio de la intervención, bajo ningún estándar internacional puede decirse que ahí se celebró un referéndum. No había censo, no había una autoridad electoral independiente, la composición de las mesas electorales era partidaria, no había control de voto. Hubo representantes contrarios a la celebración de las votaciones que pudieron votar varias veces y lo demostraron en las redes.

Se produjeron incidentes de urnas que llegaron a los centros de votación y se cayeron, eso está grabado, y se veía que venían con papeletas. En fin. Bajo ningún concepto puede considerarse eso como un referéndum legal. Y a pesar de estas irregularidades el Gobierno de la Generalitat dice que sí hubo un referéndum y que hay que aplicarlo. Y convoca a una reunión en el parlamento para aplicar lo que lleva la Ley de Transitoriedad que sería la declaración unilateral de independencia 48 horas después.

Rafael Garranzo, Embajador de España en Nicaragua

Las consecuencias

Ahora hemos visto manifestaciones a favor de la independencia, en contra de la independencia y por el otro lado esto está teniendo ya una repercusión en el entorno económico. Empresas que empiezan a migrar, por lo menos su domicilio legal de Cataluña, previendo una situación de escalada y crisis económica.

En ese momento se produce la reacción de la sociedad civil. Tu has hecho referencia a las manifestaciones. Los votantes salieron a las calles el 8 de octubre, se cansaron. Ya en una manifestación, la guardia urbana ubica la cifra en 150 mil y los convocantes en aproximadamente un millón y cualquiera que viera las imágenes vio que aquella era una manifestación masiva que termina con los discursos de Vargas Llosa y Josep Borrell. Entonces la primera reacción que produce es la reacción de la sociedad civil.

Se produce una segunda que es a la que has hecho referencia que es la del mundo empresarial. Tan pronto como se anuncia que se va a convocar eso, en primer lugar dos entidades financieras que son Banco Sabadell y Caixa anuncian que van a retirar su sede social de Cataluña. Pero desde entonces al día de hoy estamos hablando de 540 empresas que, probablemente la cifra es mayor, que han anunciado que retiran su sede social de Cataluña. En el sector de turismo el 30 por ciento de las reservas han caído.

Hubo una tercera que es la reacción de los principales diarios a través de los cuales vinculan o articulan la voz de la sociedad política catalana, que pidieron al presidente de la comunidad autónoma que diese un paso atrás, que no diese la declaración unilateral de independencia. Los editoriales de los principales diarios fueron clarísimos en ese tema.

Mariano Rajoy, presidente de España. EFE

Y luego un cuarto elemento que fue la reacción de la comunidad internacional en el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo Europeo, y luego declaraciones que siguen al día de hoy: Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China, México, Colombia, Costa Rica. Una serie de países que dicen dos cosas: no vamos a reconocer un Estado que salga de una declaración unilateral de independencia y tiene que haber un diálogo, pero ese diálogo tiene que ser dentro de la ley y confiamos en el Gobierno español para llevar adelante ese diálogo.

¿Fracasó el diálogo?

Hay otra interpretación, dentro y fuera de España de quienes dicen que aunque el independentismo está fuera de la ley, por el otro lado se refleja en esta crisis una incapacidad de diálogo de las dos partes y también hay una cuota de responsabilidad del Estado español de no poder responder a esta demanda explorando soluciones institucionales, incluida la posible reforma de la Constitución de 1978. ¿Por qué pasaron tres años hasta llegar a esta escalada?

Lo que pasa es que toda oferta de diálogo que ha existido previamente a las votaciones del 1 de octubre se ha encontrado con una respuesta, es decir, vamos a dialogar por parte del Gobierno de la Generalitat sobre la base de cómo hacemos este referéndum y cómo llegamos a este referéndum. Entonces sobre esa base un Gobierno no puede negociar porque le estás pidiendo a ese Gobierno que haga algo que es ilegal. Porque ese referéndum es ilegal y anticonstitucional y tú nunca puedes pedirle a un Gobierno y a un presidente de Gobierno que viole su propia Constitución y su propia ley.

La noche del 1 de octubre, el presidente del Gobierno lo dijo claramente: aquí hay dos pasos, primero restablecer la legalidad y una vez que restablezcamos la legalidad hablamos de todo y todo está encima de la mesa, en el marco de la Constitución y de la Ley. Y eso se reiteró en la intervención que tuvo el presidente del Gobierno en el Congreso para anunciar que iba a anunciar que iba a hacer el requerimiento a Puigdemont, cuando de acuerdo con el Partido Socialista se anuncia efectivamente la creación de una comisión en el Congreso que tiene que estudiar en un plazo temporal determinado, para analizar el modelo autonómico, el sistema territorial y sacar las conclusiones. Esas conclusiones pueden ser: que mantienes un sistema como tal o que lo modificas. Si tienes que reformar la ley, reforma la ley, si tienes que reformar la Constitución, reforma la Constitución, pero se hace en el marco constitucional y legal.

EFE

La aplicación del artículo 155

El presidente Rajoy prácticamente le puso un plazo a la Generalitat y le dijo: –defina de manera inequívoca si ha declarado o no la independencia antes de aplicar con toda la fuerza de la Constitución y la Ley, el artículo 155 de la Constitución española. ¿Qué implicaciones tiene esto?

Bueno, primero no vamos a predecir el resultado. Ojalá que la respuesta del presidente de la Generalitat sea constructiva en el sentido de afirmar que no ha habido esa declaración, pero si la ha habido es evidente que el Estado tiene que reaccionar. No hay ningún Estado en el mundo que pueda quedarse sin reaccionar, cuando una parte del territorio de una manera ilegal e inconstitucional declara que “yo me separo”. Entonces como tu señalas la vía más posible es la aplicación del artículo 155.

¿Ese artículo se ha aplicado alguna vez en la historia de la Constitución española? ¿Han existido conflictos con otras comunidades autónomas?

Se planteó en una ocasión, con la comunidad autónoma de Canarias por un tema menor y pues al final no fue necesario. Para la gravedad de este tema es la primera vez que sucede en España. El artículo 155 lo que faculta al Gobierno es a hacer dos cosas: dar instrucciones jurídicamente vinculantes a las instituciones de la Generalitat para que actúen de una manera o de otra y también asumir el control de algunas instituciones. Y eso es lo que hay. Realmente no tiene sentido especular.

Pero en términos prácticos y políticos, ¿ese artículo le faculta al Estado el poder de establecer el orden, la legalidad o implica también eliminar las facultades de autonomía que están establecidas en este momento para el Gobierno autónomo?

Es una forma de verla. Otra forma de verla es lo que hace es retomar el control para recuperar la legalidad que permita la recuperación del funcionamiento normal de esa comunidad autónoma. Ninguna aplicación del artículo 155 tiene como voluntad cancelar una comunidad autónoma ni sus poderes. Y es volver a restablecer la relación para que a la menor brevedad esa comunidad autónoma pueda funcionar como tal dentro del respeto de la Constitución y la ley. Tiene siempre una voluntad de transitoriedad, de resolver el problema a la brevedad para restablecer el Estado autonómico tal y como está diseñado.

Faltan unas horas para conocer cómo reaccionará el presidente de la Generalitat. Se conoce que sectores políticos que forman parte de esa coalición independentista le están presionando para que declare de manera tajante la declaración de independencia. ¿Existe algún espacio de diálogo hoy en España en esta crisis?

El espacio de diálogo es el que se abre en el Congreso y la Ley que es donde se encarna la voluntad popular. La presión que tiene el presidente de la Generalitat es, por un lado y también la tiene por el otro. Es decir, yo no voy a especular. Vamos a ver lo que sucede.

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*La entrevista completa con el embajador Rafael Garranzo se transmite hoy a las 8.00 p.m. en Esta Semana en canal 12