Opinión

La incertidumbre de Centroamérica ante Trump

renuncia

La posición de cada país no es regional, no hay una agenda ni un vocero común, ni existe confianza, mientras Nicaragua se aísla regionalmente



La nueva administración de Estados Unidos ha generado un sentimiento de incertidumbre y ansiedad entre los líderes y ciudadanos de la región. Hay una ausencia de claridad acerca de cuál será la manera de trabajar con los Estados Unidos en temas más allá a los relativos a seguridad. Y como referencia, la región se encuentra desubicada de cómo actuar.

La agenda de seguridad

Existe una serie de temas de preocupación. En general, las relaciones con los países del Triángulo del Norte han sido manejadas de manera informal bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional y del Comando Sur de los Estados Unidos, en lugar de ser lideradas por el Departamento de Estado. Por ejemplo, los mensajes de la administración sobre la construcción de un muro y reducir los flujos migratorios en Centroamérica, así como la visita del Secretario de Seguridad Nacional John Kelly a la región en febrero, quien indicó que la migración debe desalentarse eficazmente, se han convertido en política exterior de Estados Unidos y motivo de preocupación para los líderes y la sociedad civil de la región.

Adicionalmente, después del Departamento de Seguridad Nacional, las entidades más proactivas del gobierno estadounidense, son aquellas que también tratan temas de seguridad, en particular el Comando Sur, que ha desempeñado un rol clave en la región ofreciendo asesoramiento y fortaleciendo otro enfoque en materia de seguridad.

Otros asuntos de interés para Estados Unidos y Centroamérica, como la implementación y continuación del Plan de la Alianza para la Prosperidad, han sido poco claros para los líderes de la región. En algunos casos, el rápido desembolso de fondos no ha coincidido con una revisión de su ejecución y cumplimiento. También ha generado confusión en líderes del sector público y privado la propuesta de la administración Trump de recortar la asistencia externa a más del 40%, justo cuando se sabe que la región está en crisis.

La propuesta del recorte de ayuda es sustancial, si bien, el monto es superior a lo que era en 2015, no es lo mismo como habían prometido en la administración anterior. La reducción de ayuda a estos países, como Guatemala (80.7 millones), Honduras (67.8 millones), y El Salvador (46.3 millones), representa un problema ante los fuertes retos.  Incluso a Nicaragua, que es visto desde Washington como ‘diferente’ al resto de los problemas de la región, se le corta la asistencia en forma casi total.

Por último, las órdenes ejecutivas sobre deportaciones, así como la suspensión de los procesos de solicitudes de refugio para menores provenientes de países de Centroamérica, han causado una gran preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil de la región y los Estados Unidos. Muchos migrantes están temerosos a ser deportados o de ser separados de sus hijos. Hasta el momento, las deportaciones han aumentado en los primeros cuatro meses de 2017 en relación con años anteriores. Los centros jurídicos que apoyan las solicitudes de asilo de centroamericanos sobrellevan presiones sobre el modo de proceder bajo las nuevas reglas, y los responsables políticos se encuentran confundidos por un aumento potencial e inesperado de las deportaciones, acompañado de una disminución de la migración y de la ayuda para el desarrollo.

Los problemas en la región continúan

Los impactos de estas políticas no son despreciables, especialmente porque Centroamérica ha enfrentado una serie de desafíos que amenazan sus perspectivas a futuro.

Desde la recesión económica de 2008, más de 300.000 centroamericanos han abandonado sus países cada año. En los últimos 15 años, la región ha sufrido más de 15.000 homicidios anuales. Las realidades de este panorama son condicionadas y afectadas por oportunidades económicas condicionadas. En muchos casos, las personas viven con menos de US$200 por mes. Estos recursos económicos simplemente no proporcionan lo suficiente para vivir.

A su vez, estas limitaciones se derivan del hecho de que el capital humano en la región poco calificado, y menos del 15% de la fuerza de trabajo posee educación terciaria. Por último, todos estos problemas se producen en el contexto de una profunda falta de respeto al Estado de Derecho y una fuerte presencia de redes criminales con operaciones multimillonarias.

El caso sui generis de Nicaragua

Nicaragua no brilla por su ausencia en esta retórica. 

Específicamente, el Departamento de Estado mantiene un perfil bajo, mientras tanto, el Congreso ha asumido una posición proactiva en relación con Nicaragua.  De hecho, mientras la administración Trump se ha enfocado en el tema de seguridad y migración, así como en reducir la ayuda, el Congreso con el liderazgo de varios representantes, como Díaz-Balart, Ros-Lehtinen, han continuado y escalado la crítica contra Nicaragua, aprovechando la coyuntura política de un Gobierno y congreso republicano y un gobierno autocrático en Nicaragua.

El llamado proyecto de Ley, H.R. 1918: Nicaraguan Investment Conditionality Act— cuya intención original era de apalancar el capital político de la OEA—fue recomendado este mes por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, para ir al pleno de la Cámara de Representantes para su votación este año. La probabilidad de pasar esa ley aumentó en relación con la propuesta anterior porque el voto republicano es mayor y la situación nicaragüense no ha mejorado. Sin embargo, su aprobación dependerá de alguna concesión con los Demócratas, muchos de ellos no miran positivamente este tipo de influencia política.  Para algunos analistas, habría que suavizar el lenguaje para que este proyecto pase.

El mayor problema que ha causado esta propuesta de ley es que ha traído el debate político de Nicaragua al Congreso y complica el margen de maniobra en Nicaragua sobre cómo lidiar con las consecuencias de la iniciativa y de su posible aprobación ya que el Congreso no tiene un solo vocero, ni un solo representante.  Peor aún, el proyecto de ley ha divido Nicaragua más entre quienes creen que es una herramienta clave para introducir reformas políticas con el apoyo de la OEA o para hacerle daño al país al afectarlo económicamente, aunque en el corto plazo no tendrá un efecto en debilitar a Ortega.  La realidad es que independientemente del espectro ideológico, el apoyo a la imposición de una ley sobre la soberanía de otro país deja entredicho el patriotismo de quien cree en la necesidad de reformas para su país.

¿Cómo podemos avanzar?

Es importante que los centroamericanos (actores clave en la configuración de políticas públicas, legisladores, líderes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y otros expertos) discutan opciones y establezcan líneas de comunicación abiertas e informadas para examinar los temas y decisiones clave que permitan abordar posibles propuestas para aproximarse a  los Estados Unidos. La reunión regional a realizarse en junio en Miami con el Comando Sur, el Departamento de Estado, El Departamento de Homland Security, y los presidentes, va orientada a que la región contribuya más a la contrapartida de la Alianza mientras la ayuda de Estados Unidos se reduce.

A la luz del cambiante panorama político de los Estados Unidos y de un discurso conservador pero poco claro, lograr elaborar regionalmente un mensaje reflexivo, coherente y comprometido hacia la nueva administración estadounidense, es un desafío primordial. Esta tarea es capaz de prevenir cambios devastadores que podrían aumentar la violencia, reducir el flujo de remesas y obstaculizar el crecimiento económico. El abordaje tiene que plantear que la migración e inseguridad regional siguen ligadas a la falta de desarrollo y a un débil Estado de Derecho; que la migración ofrece oportunidades económicas que pueden apalancarse para mejorar el estado de la región; y que la violencia prevaleciente tiene que abordarse desde el lente de la justicia transicional, incluyendo amnistías para criminales. 

Sin embargo, el mensaje desde Centroamérica está parcialmente indefinido.  Los líderes no tienen el consenso de las élites, o la sociedad civil.  Los países mismos no coinciden en un frente común, empezando por Nicaragua que se aisla regionalmente, a pesar que las causas de la inseguridad asociadas con el crimen transnacional también afectan a ese país. La posición de cada país, no es regional, y cada país esta enfrascado en conflictos profundos e intereses creados que no dan mucho espacio para la construcción del consenso.

En este sentido, es importante explorar una narrativa común y construir algún tipo de confianza que lleve al consenso de una propuesta innovadora.  La construcción de la confianza en Centroamérica, como países y como región, es una premisa para posicionarse con Estados Unidos. Pero de igual forma la región necesita proponer soluciones que hagan cambios reales en estos países, no cambios incrementales que no son proporcionales a la magnitud del problema. Finalmente, tanto una agenda como una voz común tienen que ir acompañadas con pruebas de compromiso, por lo que los líderes tienen que responder, no ante la comunidad internacional, pero ante sus ciudadanos.

*Politólogo. Investigador del Diálogo Interamericano, Washington DC