Política

Defensores apelan sentencia de juez Altamirano

Masacre del 19, ¿cuál es la verdad?

A un año de la masacre del 19 de julio cuando 4 simpatizantes del FSLN murieron en dos emboscadas terroristas en el norte del país, existen nebulosas en el caso que no se aclararon en el juicio. La investigación no pudo precisar quién fue el autor intelectual. La Policía sigue sin capturar a Pablo Martínez, un ex capitán del Ejercito, señalado de ser uno de los tiradores.



Poco a poco y uno a uno, los abogados de los condenados por la masacre del 19 de julio han apelado en los últimos días la sentencia que estableció penas máximas contra los implicados, pero un año después del crimen el caso judicial continúa provocando dudas que cuestionan la verdad del relato oficial construido a la sombra de denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el sistema de justicia.

El abogado Marlon Aburto, defensor de Eddy Gutiérrez y Jairo Delgadillo, es uno de los que critica con más vehemencia las conclusiones a las que llegó el juez Edgar Altamirano, quien notificó la sentencia el siete de julio pasado, ocho meses después que encontró responsables del crimen a nueve implicados, el más misterioso de ellos un ex capitán de las tropas especiales del Ejército, Pablo Martínez Ruiz, conocido como “Yalí”, quien es prófugo de la justicia.

La masacre se produjo tras dos emboscadas a caravanas de buses, que trasladaban desde Managua a Matagalpa, a simpatizantes sandinistas que participaron en el 35 aniversario de la revolución sandinista.  El primer ataque ocurrió en el kilómetro 76 de la carretera panamericana, rumbo a Ciudad Darío, mientras el otro sucedió en el sector de Wabule, una localidad de San Ramón.

El juez consideró que los autores intelectuales de la masacre que acabó con la vida de cinco militantes sandinistas, provocó 24 heridos, después que caravanas de buses fueron emboscadas en Matagalpa, tuvo como autores intelectuales al ex concejal Wilfredo Balmaceda, a Leonel Poveda conocido como Nahúm, a José Ricardo Cortez alias La Cobra—con supuestas vinculaciones con los Zetas— y  a Zacarías Cano.

Sin embargo Aburto disiente completamente con la versión judicial. “Nunca se habló en las supuestas reuniones quiénes eran los líderes, o quién era la cabeza o el autor intelectual. El judicial dio prueba únicamente a la prueba del Ministerio Público, desechando las pruebas que presentamos de descargo. Valoró actos investigativos supuestamente de oídas, entrevistas que nunca presentó la Fiscalía”, dijo.

La descripción precisa del abogado corresponde a las denuncias contra la Policía, señalada de urdir testimonios basados en entrevistas realizadas por oficiales a personas desconocidas supuestamente durante el proceso de investigación. Las actuaciones más cuestionadas, además de las detenciones  ilegales y las violaciones a las normas procesales, fue en el trato a los reos que, al final del juicio, denunciaron que fueron torturados.

La mano dura de Altamirano

La mano del juez  fue durísima con los implicados. Gutiérrez y Delgadillo—precisamente dos de los que denunciaron torturas policiales—  deberán guardar prisión hasta 2044 para cumplir con la pena máxima de 30 años de prisión que manda la Constitución, aunque si se cumpliera lo dispuesto por el juez hubiesen pasado 128 años de prisión el primero y 113 el segundo.

El juez Altamirano estableció un promedio de 15 años por cada víctima de asesinato, tres por cada afectado con lesiones, mientras impuso diez años por crimen organizado, una sentencia cuya independencia es defendida por el sistema de justicia, aunque el presidente Daniel Ortega llamó delincuentes a los implicados en un discurso previo a la resolución.

Al concluir el año pasado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada sandinista Alba Luz Ramos, defendió en declaraciones a Confidencial la intromisión de Ortega. “Si él dice que es culpable es porque hay todo un trabajo. Que todas las pruebas es difícil encontrarlas en casos como éstos, todos estamos claros de eso”, dijo entonces.

Ramos defendió el veredicto de culpabilidad y aceptó que era importante establecer un “precedente”, mientras explicaba que para la opinión pública era importante que se castigaran delitos como éstos.

Dictámenes forenses sin ver a víctimas

La apelación de Aburto insiste sobre los dictámenes médicos forenses realizados a las víctimas, tanto los muertos como lesionados, quienes fueron sorprendidos por emboscadas cuando regresaban a Matagalpa, después de participar en la conmemoración del aniversario de la revolución sandinista.

“Fue una actuación ilegal. Todos los dictámenes médicos que realizó, los realizó solamente a través de documentación que tuvo en conocimiento y tuvo en su poder en el hospital de Matagalpa. Él dice que se presentó ahí, y le pusieron en su poder un montón de expedientes clínicos y toditos los expedientes clínicos no tienen el número de expediente policial. No valoró a ninguna de las personas que él dice que dictaminó”, explicó Aburto.

Según el defensor, se violenta lo establecido en el protocolo del Instituto de Medicina Legal. “Con papeles no podés dictaminar responsabilidad”, insistió para pedir después que se revoque la sentencia y se ordene la libertad inmediata de sus clientes.

Sobre la situación de los condenados y sus familiares, Aburto denunció que la Policía ha hecho presencia en una propiedad de la madre de uno los involucrados, Wilfredo Balmaceda, en Ciudad Darío, lo que ignoran a qué se debe. Actualmente, los detenidos se encuentran aislados en celdas de alta seguridad ubicadas en Tipitapa y no han tenido contacto con sus familiares.

El caso de los tirapiedras

Aún con el misterio del capitán de las tropas especiales, la historia más increíble fue el papel asignado en la sentencia a tres campesinos de una localidad conocida como Las Pilas, a quienes la población llama con el mote de los “tirapiedras”.

De acuerdo con el oficial que declaró en el estrado sobre su captura, ellos fueron capturados en una noche con una luna que “iluminaba tan claro como el sol”, tanto que permitió que los viera a una distancia de veinte metros, allá bajo un árbol. Increíblemente la técnica canina, que permitió ratificar lo actuado por la Policía, se hizo hasta el día siguiente.

Carlos Baltodano, el abogado defensor de los condenados Juan José y Gregorio Torrez, y Erick Salgado, critica la tesis de la Fiscalía de que estos campesinos agarraron a pedradas los buses lo que provocó que los conductores redujeran la velocidad quedando a merced de los autores de la emboscada. Durante el proceso, lo que se dijo es que cualquier conductor al verse atacado por pedradas lo que hubiera hecho es acelerar el vehículo hasta ponerse a salvo.

La explicación, sin embargo que el juez les haya impuestos dos años de prisión—significa que estarán presos hasta 2016—es que el juez sólo tomó en cuenta las pruebas de la Fiscalía. Miembros de una familia sandinista, los padres de los detenidos fueron hasta las puertas de la Dirección de Auxilio Judicial a pedir a sus familiares, mientras mostraron sus carnets de militantes a las cámaras de televisión.

Baltodano señala una novela policíaca

Baltodano hizo énfasis también como un punto crucial en los testigos de oídas a lo que hizo mención su colega Aburto. “El señor juez, le dio valor de prueba testimonial a los dos detectives a cargo de la investigación el oficial Jorge Iván Orozco Hernández y la oficial Belkis Yahoska Trujillo quienes al mejor estilo de toda una novela policía, narraron en juicio todo lo que supieron por testigos anónimos, al señor Juez A-quo se le olvidó que estos no son testigos y que tampoco puede ser prueba directa ni indiciaria porque entonces se estaría violentando el principio constitucional y procesal de derecho a la defensa, estipulada en el Arto. 34 incisos 4 Cn., y Arto. 4 CPP”, refutó Baltodano en su escrito.

Conforme a Baltodano, lo que ocurrió fue una “actividad procesal defectuosa”, empezando por las violaciones al principio de defensa, principio de celeridad procesal, principio de juez natural, otros de los puntos más cuestionados cuando los condenados fueron procesados en Managua, aunque el crimen ocurrió en el departamento de Matagalpa.

En la memoria de quienes siguieron el proceso aún está fresco cómo Juan José Torrez mencionó a tres personas con las que supuestamente se reunió—la Fiscalía puso las declaraciones a los medios como prueba y fueron aceptadas–, quienes resultaron ser el secretario político del sandinismo en Las Pilas y jóvenes que desmintieron que aquellos estuviesen detrás de cualquier conspiración.

Según la investigación policial, en la finca San Mateo fueron encontradas las armas ocupadas para la ejecución por el investigador Sergio Sandoval. Él explicó que llegaron once días después del crimen porque había llovido. El terreno estaba lodoso. Sin embargo, el mismo explicó que había encontrado las armas en un saco seco cubierto de basura. Ni siquiera pudo decir ante el juez a qué hora había realizado su trabajo.  La explicación que dio fue que no usaba reloj.