Política

La disyuntiva de un diálogo asimétrico en la víspera del 28 de marzo

Negociación: ¿”mal arreglo”, o acuerdo nacional?

Prueba de fuego este lunes: el restablecimiento pleno de todas las libertades en agenda. Pallais: “Un mal arreglo no traería paz y estabilidad”



La promesa de liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de noventa días, destrabó las negociaciones entre la dictadura de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aunque el acuerdo se queda corto con la demanda ciudadana de libertad plena e inmediata, y el anuncio ha sacudido a las bases orteguistas que hablan de traición y reclaman “plomo” desde las redes sociales.

Después de negar durante meses la existencia de presos políticos, y asegurar que los detenidos son “terroristas y golpistas”, la dictadura aceptó y se comprometió a liberar a todos los reos de conciencia, en un acuerdo que contó con la intermediación del nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag, y el enviado especial de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.

Sin embargo, hay quienes interpretan el plazo como un intento del Gobierno para “ganar tiempo”, mientras usa a los presos políticos como fichas de cambio en la negociación de una “amnistía” que lo exima de sus crímenes. Una cuestionada Alianza Cívica argumenta que se ciñó al plazo máximo que la dictadura acordó con la OEA, pero sus cálculos prevén que la liberación de todos los presos será efectiva en 45 días.

Además, sostienen que el estatus de los presos políticos cambiará a “régimen común” para que aquellos reos de conciencia que permanecen aislados en celdas de castigo o máxima seguridad sean traslados a celdas comunes.

“Queremos aclarar que será en un plazo no mayor de noventa días. Es decir, no van a salir hasta en noventa días, es un plazo máximo. Al iniciar negociaciones trabajaremos por la anulación de sus respectivos juicios”, afirmó José Adán Aguerri, negociador titular de la Alianza Cívica y presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

El papel de la Cruz Roja

La mesa de negociación emitió este viernes un comunicado conjunto para asegurar que comenzaron a trabajar “un acuerdo para el seguimiento del proceso de liberación de personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, de conformidad al ordenamiento jurídico del país”, para el cual solicitaron el apoyo de la Cruz Roja Internacional.

En entrevista con el programa Esta Semana, que se transmite este domingo, el abogado liberal y negociador titular de la Alianza Cívica, José Pallais, explicó que el primer paso será la conciliación de las listas de presos políticos.

El compromiso es liberar a todos los presos políticos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, identifique como tal. La OEA afirma que existen 647 detenidos por motivos políticos, mientras el Gobierno reconoce menos de 400, la Alianza Cívica contabiliza más de 760, y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos actualizó su lista esa semana, elevando la cifra a 802 personas.

“Hemos iniciado la negociación con el tema primordial que ya había anticipado la Alianza Cívica: la liberación de los presos políticos. Para desarrollar ese tema hemos avanzado en el diseño del mecanismo de liberación, el cual será presentado a la Cruz Roja Internacional para que pueda coadyuvar con la mesa, y proceder de inmediato a esta liberación que es tan esperada por las familias nicaragüenses”, detalló Pallais.

Además, dijo que esta vez esperan “liberaciones completas y no excarcelaciones”, como sucedió con los primeros 160 reos de conciencia, a quienes la dictadura cambió a régimen de convivencia familiar o casa por cárcel. Según Pallais, mientras elaboran ese acuerdo y calendario de liberación escalonado, hay reos que podrían ser liberados de inmediato.

“El Código Procesal Penal establece diferentes mecanismos para la liberación total, definitiva y segura de los presos políticos. Está desde los detenidos ilegalmente presos, que pasa por una medida administrativa, y que pueden salir de primero e inmediatamente. Ellos no necesitan esperar la presentación y aprobación del calendario que hará la Cruz Roja”, aseguró.

El también expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional y abogado constitucionalista, explicó que en el caso de los presos políticos condenados o bajo procesos judiciales, la “arquitectura jurídica” será diferente en cada caso.

“Todas las opciones están abiertas. Por ejemplo, la nulidad del proceso es una. Está también la absolución, y otra es que el Ministerio Público desista de la acusación. Todas y cada una de las opciones que contempla la legislación penal podrán ser usadas a propuesta de la Cruz Roja”, dijo.

¿Fortalecer o restituir libertades?

En el comunicado conjunto y la agenda de la negociación, sobresale la discusión de “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, sin especificar si esto se refiere al cese de la represión policial y paramilitar. Por ahora, la dictadura no ha dado muestras de respetar las manifestaciones ciudadanas, con hechos tan recientes como la brutal represión a la protesta convocada el pasado sábado 16 de marzo, que dejo más de 160 personas detenidas por más de diez horas.

El comunicado de este viernes especifica que el lunes 25 de marzo, cuando se reanuda el diálogo en el INCAE, el primer tema de discusión de la agenda será “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”.

Pallais negó que la Alianza Cívica haya accedido a negociar derechos constitucionales y básicos, como la libertad de manifestación, de expresión y prensa.

“Para la Alianza los derechos humanos y las libertades no son una negociación. Las libertades se exigen, y esa exigencia de la restitución, de lo que ilegal e indebidamente ha suprimido el régimen, estará siendo abordada de forma categórica, clara y precisa el día lunes y martes. Esperamos que atienda ese compromiso, que no solo tiene que ver con los nicaragüenses, sino con los tratados internacionales que ha suscrito el país”, recordó.

¿Adelanto de elecciones?

Otro de los puntos de agenda acordados fue “fortalecer la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales”. El comunicado oficial no habla del adelanto de elecciones justas y transparentes que demandan los ciudadanos, pero Pallais insistió que “uno de los objetivos primordiales de la Alianza” es el anticipo de los comicios, previstos originalmente para noviembre de 2021.

El Gobierno no dicho nada al respecto, pero antes de que el diálogo se destrabara, la dictadura se negaba al adelanto del proceso. Además, este jueves, durante un acto partidario para la inauguración del paso a desnivel de Nejapa, en Managua, parte del circuito de seguridad de la pareja dictatorial usó gorras con la leyenda “Daniel 2021”.

El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, expresó que el inicio de la negociación en el INCAE “marca un camino positivo hacia el retorno a la democracia plena en Nicaragua”, y urgió que “no hay tiempo que perder”, porque “se necesitan soluciones reales en tiempo real”.

Pallais dijo en Esta Semana que la Alianza Cívica no está desesperada por llegar a cualquier “arreglo o un mal acuerdo”. Además, reiteró que para encontrar una solución realmente efectiva a la crisis, se debe desmontar el “aparato represivo” y “elegir prontamente con elecciones anticipadas”.

“No estamos desesperados por llegar a cualquier acuerdo, porque queremos un acuerdo que funcione, que traiga estabilidad, que traiga paz. Que sea aceptado por los nicaragüenses y la comunidad internacional. Un mal arreglo, por muy bonito que se quiera empaquetar, no va a tener esas consecuencias que andamos buscando los nicaragüenses”, aseveró.

Las partes acordaron que para el tema electoral invitaron a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos “para retomar el trabajo en el tema de reformas electorales”. También abordarán como tema de fondo “la verdad, justicia, reparación y no repetición”, y mecanismos de implementación de los acuerdos”.

Levantar sanciones

Ante las promesas y concesiones admitidas, la dictadura pidió a cambio abogar por el levantamiento de las sanciones internacionales. De acuerdo al comunicado conjunto en este sentido, se acordó que “una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación, esta realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos. En su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.

Pallais negó que, con la negociación y las promesas hechas, el régimen pueda ganar tiempo y espacio para esquivar más sanciones, como las que el Parlamento Europeo ha instado a aplicar ante la comunidad europea.

“No veo que la comunidad internacional se conforme solo con promesas del Gobierno. Todos los voceros que he visto pronunciarse hablan de hechos”, afirmó Pallais. “El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Nicaragua pese a que estamos en la mesa. La CIDH puso al Gobierno en la lista negra de violadores de derechos humanos. Ninguna sanción se ha suspendido. Todo el mundo quiere ver hechos concretos, avances, acuerdos implementados y cumplidos para que se pueda creerle a Ortega”, agregó.

¿Más sanciones de EE. UU.?

Con la mención del levantamiento de sanciones internacionales se evidencia el temor del régimen sandinista a la imposición de más castigos y aislamiento de la comunidad internacional.

La decisión del régimen de Daniel Ortega de liberar a los presos políticos y destrabar la negociación del INCAE sucedió el mismo día que al Departamento de Estado norteamericano se le vence el plazo para presentar un informe al Congreso sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua tras la aprobación de la Nica Act, normativa que entró en vigencia en diciembre pasado, cuando fue firmada por el presidente Donald Trump.

La presentación de este informe del Departamento de Estado acarrearía más sanciones al régimen de Daniel Ortega, ya sea de forma específica a ciertos funcionarios o en general, incidiendo en la no aprobación de préstamos para el país en organismos internacionales.


Ortega y Murillo: ni una palabra

Daniel Ortega y Rosario Murillo en la inauguración del paso a desnivel de Nejapa, el 21 de marzo, en Managua. // Foto: EFE

Dictador alega que lucha contra “Caínes” y “demonios” es su búsqueda de la paz

Un día después de acordar la liberación de todos los presos políticos, Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, protagonizaron un pequeño acto partidario para inaugurar un paso a desnivel en la capital, sin emitir ninguna palabra sobre su negociación política con la Alianza Cívica.

El miembro titular de la Alianza Cívica en la mesa de negociación,

José Pallais, no entiende porqué Ortega no mencionó los compromisos que adquirió para destrabar el diálogo. Sin embargo, remarca que “el Gobierno está obligado a cumplir con el compromiso de liberación de los presos políticos, en el plazo razonable que negoció con la OEA”.

En su intervención, Ortega se limitó a decir que “está luchando contra Caínes y demonios en la búsqueda de la paz”.