Opinión

#OcupaInss, un precedente de Terrorismo de Estado

OcupaINSS

Por esa Nicaragua con verdad y con justicia, hoy gritamos más fuerte que nunca #J22NoSeOlvida



Hoy hace cinco años, la represión hacia la justa protesta por una pensión reducida de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) junto con jóvenes universitarios autoconvocados en solidaridad con ellos, se convirtió en un precedente del Terrorismo de Estado que se ha desatado en los últimos dos meses en respuesta a la insurrección cívica y popular que inició el 18 de abril de 2018 en Nicaragua. El análisis del caso de #OcupaInss nos permite deconstruir las tácticas de represión, negación, acusación, terrorismo y apropiación que ha aplicado el régimen de Ortega haciendo uso del aparato del estado para suprimir cualquier demanda del pueblo, y así intentar sostener un aura de legitimidad popular.

Represión de la protesta y detenciones arbitrarias

A partir del 17 junio de 2013, luego de solicitar el derecho a la pensión reducida a través de una propuesta de ley que no fue aceptada, la UNAM inicia una protesta a nivel nacional. Los viejitos se toman la delegación central del INSS en la capital, y varias delegaciones departamentales. Anuncian que están dispuestos a morir en el intento y solicitan a la población su presencia y solidaridad a través del suministro de artículos básicos. El Gobierno ordenó medidas de presión contra los ancianos, utilizando alrededor de 200 oficiales de la Policía Nacional, para mantenerlos cercados e incomunicados, sin agua, ni acceso a los servicios higiénicos y sin alimentos.

En estas circunstancias aparecen en escena jóvenes que acuden al llamado de la UNAM, autoconvocados a través de las redes sociales bajo la etiqueta #OcupaINSS, y se movilizan para apoyarlos con bienes básicos agua, comida y asistencia médica. Algunos viejitos habían sido desalojados y estaban afuera con el grupo de jóvenes y familiares que trataban de pasarles comida y agua a los que estaban en el interior del edificio del INSS. Alrededor de diez jóvenes fueron detenidos arbitrariamente durante varios días por solidarizarse con la demanda de derecho a la protesta. Estudiantes de medicina crearon un puesto médico provisional porque las ambulancias estaban negando la atención a los viejitos, y entre 50 y 100 jóvenes pasaban la noche en vigilia para apoyarlos en caso de un desalojo policial. En ese espacio adoptaron estrategias creativas para la acción no violenta, como bailar, encender velas y cantar frente los Policías.

Negación de los hechos

Durante la ocupación del INSS y la violencia policial, el Gobierno censuró el tema en sus medios de comunicación. La vocera oficial Rosario Murillo ignora la situación mientras declara en el noticiero del 18 de junio: “¡Cuántas Buenas Nuevas! ¡Qué hermoso vivir en Paz! ¡Cuánta Tranquilidad en nuestro País!”. Las otras instituciones del Estado, al ser cuestionadas por reporteros independientes, niegan todo. El vocero de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, negó las detenciones de jóvenes, acusó a los adultos mayores de causar los destrozos y también negó las medidas de presión.

Acusación contra los adultos mayores y #OcupaINSS

Al no poder negar los hechos y el respaldo que estaba obteniendo la demanda entre la población, el gobierno optó por deslegitimar las motivaciones de los adultos mayores y sus aliados. El 21 de junio, Gustavo Porras, entonces diputado del FSLN, posiciona una nueva narrativa: los adultos mayores son “manipulados” por elementos de “la derecha”, que “tiene un plan para destruir la Seguridad Social”, la protesta “es una acción en contra del Gobierno del comandante Daniel Ortega”, y por ende, es “una acción en contra de las aspiraciones del pueblo”. Porras declaró que no habría negociación con la UNAM, y que la única respuesta del Gobierno sería una demostración de fuerza movilizando a trabajadores del Estado en una contramarcha para demostrar que “el pueblo” estaba del lado del gobierno y no de los viejitos. El vocero de la Policía también acusó a los manifestantes de provocar la violencia, incluso de «herir a agentes policiales», y a obedecer «a intereses oscuros y malintencionados que de forma perversa pretenden desacreditar y deslegitimar la labor de la Policía». Las acusaciones hacia los protestantes habilitan el uso de violencia al enmarcarlos no como adversarios políticos, sino como «enemigos» públicos que deben ser eliminados.

Terrorismo de Estado: #J22NoSeOlvida

En la madrugada del 22 de junio, a las 4 de la mañana, el campamento fue atacado en presencia de al menos 30 efectivos de la Policía Nacional que resguardaban el edificio del INSS. Aproximadamente 300 encapuchados armados con armas hechizas vinculados a la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS) llegaron al sitio en cuatro camiones de la Alcaldía de Managua, rociaron de gasolina el campamento, amenazaron de muerte y violación, desnudaron y agredieron, con palos, martillos, machetes y armas de fuego a más de 50 jóvenes y 35 viejitos. Además, se robaron alrededor de $80,000 dólares en pertenencias personales de los presentes y donaciones que se recaudaron a la fecha, incluidos siete vehículos. Los bomberos del Estado fueron avisados por carros que pasaron por el lugar y se negaron a socorrer a los jóvenes.

El uso de los recursos e instituciones del Estado demostró que era un operativo planificado por los más altos mandos del régimen de Ortega. Este acto fue calificado como “Terrorismo de Estado” por el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez. La violencia contra el campamento de #OcupaINSS excedía en ese momento los antecedentes del uso de fuerzas parapoliciales en los espacios públicos urbanos del país. La lógica de la violencia del operativo estaba claramente dirigida a difundir miedo en los jóvenes para nunca más participar en una protesta, humillándolos con técnicas de tortura como el desnudarlos por la fuerza.

Apropiación de la demanda y diseminación de información en redes sociales

Dos horas más tarde, camiones recolectores de basura de la Alcaldía de Managua se presentaron en el sitio recogiendo lo que quedaba del campamento médico y de protesta. Simultáneamente un grupo de JS, liderados por Pedro Orozco, quien según investigaciones periodísticas fue el organizador del operativo de violencia, aparecen en el sitio con sus camisetas y la canción robada de John Lennon en su formato Reconciliación. Frente a los medios y autoridades de la Iglesia Católica, la JS afirma abogar por el derecho a la pensión reducida. La “paz y el amor” aparecen de la forma más cínica como un sustituto de la violencia y otros “jóvenes” partidarios del Gobierno vienen a ocupar el sitio de la protesta.

Además, el Gobierno organiza talleres para sus activistas en redes sociales intentando contrarrestar el discurso en línea, usando la etiqueta #AmiNoMeEnganaLaDerecha y creando perfiles falsos (bots). Desde entonces Ortega-Murillo demostró su capacidad para mutar tácticas de organización para aparentar que controlan todos los espacios públicos, mediáticos, y virtuales.

Dos días después, el 24 de junio se realiza el “Acto en Apoyo al Gobierno y a l@s Adult@s Mayores”, en el cual el gobierno intentó descaradamente transformar el discurso que habían mantenido hasta la fecha, alegando que la marcha era en apoyo a la demanda por la pensión reducida. A partir de entonces, la “reivindicación de derechos” de los viejitos se convierte en un eje de propaganda oficial. Tres semanas después, frente a una plaza llena de espectadores celebrando el 34 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, Daniel Ortega restableció la pensión reducida por Decreto Presidencial, n°28-2013. El gobierno estaba dispuesto a ceder en lo fundamental, la demanda por la pensión reducida, pero únicamente después de remover al “enemigo”, los jóvenes autoconvocados de la ecuación, proclamando que en esta dictadura “sólo el FSLN” puede hablar en nombre del pueblo y de sus intereses.

El caso de #OcupaINSS permitió documentar la utilización de los recursos del Estado, incluyendo camiones de la alcaldía de Managua, el sistema salud pública y de primeros auxilios, la Policía Nacional, y el sistema de justicia en un acto criminal de alta envergadura. En los últimos cinco años, el Ministerio Público y la Policía Nacional se negaron a darle seguimiento a las denuncias por violencia y robo interpuestas por los jóvenes. La complicidad e impunidad de estos crímenes son síntomas de la vertiginosa descomposición de las instituciones del Estado y de su falta de autonomía cuando se trata de defender los intereses del régimen Ortega Murillo.

Las estrategias del régimen analizadas en este ensayo han sido y son utilizadas en diferentes combinaciones para hacerle frente a la insurrección cívica que hemos despertado los nicaragüenses. Sin embargo, desde que el régimen se dispuso a matar, estas tácticas no le bastan y no ha podido gobernar sin hacer uso de la fuerza y continuar la masacre. Desde hace dos meses, al perder la legitimidad popular, el Terrorismo de Estado ha adoptado una nueva dimensión, al infundir terror con el uso de francotiradores, armando a los parapoliciales con armas de guerra e incluso utilizando armas químicas. Sin embargo, nuestra propia historia es testigo de que no se puede sostener el poder con las armas.

Corresponderá a la Nicaragua libre investigar la profundidad del aparato de terror estatal que se ha implantado, y someter ante la justicia a quienes lo han dirigido desde sus posiciones de poder. Por esa Nicaragua con verdad y con justicia, hoy gritamos más fuerte que nunca #J22NoSeOlvida.

*Todos los hechos aquí referidos están documentados por la prensa nacional e internacional y pueden acceder a ellos en el archivo colaborativo www.ocupainss.org