Política

OEA emplaza a Ortega y ofrece una salida negociada

Manuel Orozco: Una negociación seria con la oposición, desactivaría la crisis; más represión solo extendería sufrimiento, generando más presión

Daniel Ortega puede mantener el enroque que le permite seguir aferrado al poder, o reconocer en el Informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la consiguiente votación de condena a su Gobierno, una oportunidad para superar el impase en que se encuentra el país, y poder recuperar –al menos– la gobernabilidad.

“Creo que existe la presión suficiente, para que el Gobierno considere por lo menos que sus opciones se están limitando”, opina el nicaragüense Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento con sede en Washington, Estados Unidos, al ser entrevistado para el programa Esta Noche, que se transmite en línea.

El informe preparado por la comisión que integran Canadá, Argentina, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, concluye que en Nicaragua se ha producido una alteración del orden constitucional, que afecta gravemente el orden democrático del país, por lo cual demanda que se convoque a una Asamblea General de cancilleres de la OEA, para analizar esta situación.

También demanda el cese de la represión, el restablecimiento de todas las libertades democráticas, el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue expulsada del país por Ortega en diciembre del año pasado, así como como la realización de una reforma electoral creíble para que el país pueda ir a elecciones libres.

Orozco considera que el organismo continental le está ofreciendo en bandeja a Ortega, la posibilidad de sentarse a negociar con una opción bastante práctica: restaurar los derechos constitucionales, además de analizar y evaluar un proceso de reformas políticas.

¿Qué ganaría a cambio? La posibilidad de seguir gobernando un país que se ha declarado mayoritariamente en su contra, lo que le compra tiempo para tratar de recomponer la economía, e intentar ganarse al electorado.

“Si él decide asumir el riesgo de darle totalmente la espalda [a la salida negociada], estaría básicamente declarándole la guerra a Nicaragua, en términos de seguridad, y militares. Él estaría elevando la parada bajo sus propios términos, en una forma que no es patriótica desde ningún punto de vista”, dijo Orozco.

“La expectativa de que Ortega responda a las propuestas y recomendaciones de la OEA, depende del balance político que ocurra en el país”, dice Orozco, si el mandatario puede ver la propuesta como “una opción de salida. Un incentivo”.

Al respecto, detalla que “la coalición política que se está formando en Nicaragua va a cambiar el balance de poder. La visibilidad que ha surgido, frente al aumento de la represión, también está teniendo un impacto negativo sobre Ortega. La gente se ha dado cuenta y se indigna por el nivel de represión que está autorizando el régimen”.

“El otro escenario es que Ortega continúe reprimiendo, y aquí no haya una salida posible por la vía pacífica. El aumento de la represión generará un estallido nacional” y, a menos que ese sea el plan de Daniel Ortega, “el resultado será una crisis política militarizada y altos niveles de violencia”, asevera.

Mediación… negociación… ¿servirá?

Orozco opina que la mayor parte de los nicaragüenses no quiere que se cumpla el escenario violento, “incluyendo los simpatizantes de Daniel Ortega. Al fin y al cabo, ese simpatizante no necesariamente es alguien que quiere violencia”, argumenta.

“También hay gente que lo que quiere es mantener un régimen de acuerdo a sus intereses, pero sin que exista una imposición de la violencia, así que, de alguna manera, Ortega tiene que responder racionalmente a todas estas demandas. De lo contrario, el país entrará a una crisis militarizada en el corto plazo”, augura.

La profundización de la crisis en que se encuentra el Gobierno de Daniel Ortega, exacerbada en los últimos días por su reacción desmesurada al desenlace de Evo Morales, su socio bolivariano en Bolivia, ha tenido respuestas contundentes, no solo en la OEA, sino también entre congresistas estadounidenses, la Unión Europea, y hasta el Gobierno de España, entre otros.

Orozco explica que “en este momento, la OEA está considerando todas las opciones”, pese a todos los incendios que se han declarado en la región, donde, a las crisis permanentes de Venezuela y Nicaragua, se suman ahora las de Chile y Bolivia, sin olvidar que antes fue Ecuador.

Pese a todo “Nicaragua ha estado entre las prioridades” del sistema interamericano. “En términos prácticos, la OEA tendrá su Asamblea General, y se conseguirá un apoyo mínimo de 20 Estados, quizás más, para votar una resolución que sea suficientemente fuerte como para que el Gobierno de Ortega trabaje en función de eso”, confía el experto.

Más allá de lo que ocurra en el Salón de las Américas el próximo lunes cuando se discuta el informe en el Consejo Permanente de la OEA, y eventualmente en una Asamblea de cancilleres, Orozco prefiere centrase en el impacto que esa decisión pueda tener dentro de Nicaragua, en referencia a cómo puede la oposición aprovechar esta nueva oportunidad, y cómo puede aprovecharla el Gobierno para desescalar la crisis en que se encuentra el país.

Dado que no es “tácticamente importante suspender a Nicaragua, eso retrae a un segundo escenario, que es que se forme una comisión de cancilleres de América Latina para mediar en el conflicto nicaragüense. Ya no estamos hablando de investigar, sino de introducir mediación como una salida política”, explicó.

“La situación solo empeorará si Ortega rehúsa establecer un proceso de negociación, que es bastante legítimo en esos términos”. Opina que nadie -ni en la OEA ni dentro de Nicaragua- propone un derrocamiento o un golpe de Estado, sino “reformas políticas institucionales, ante la ausencia de pesos y contrapesos institucionales, y ante la alteración del orden constitucional”, detalló.

Elecciones, sí, pero limpias

Aunque ahora las calles, plazas y hasta las iglesias del país estén rodeadas y asediadas por turbas, paramilitares y policías, como expresión de la dificultad que tiene Ortega para mantener el control político por la fuerza, la única salida a la crisis es electoral, considera Orozco.

Si bien “el Gobierno dijo que no hablarían sobre ese tema en este momento, tanto la OEA, como la oposición nicaragüense, han llegado a un consenso de al menos, cuatro reformas importantes que son necesarias para entrar en un proceso electoral, y lograr una transición política adecuada”, explicó el entrevistado.

Esas cuatro reformas pasan por la elección de magistrados idóneos para el cargo; que el proceso electoral cuente con verificación internacional, monitoreo y observación; que se permita un mayor nivel de participación de partidos políticos “sin tantas restricciones como las que ahora existen”, y mejorar el registro en el padrón electoral.

“Esos mínimos elementos están sobre la mesa, y Ortega los tiene presente. Tiene una oportunidad básica para iniciar este proceso político, como un gesto de buena voluntad”, que implica restaurar los derechos civiles de los nicaragüenses, eliminando la represión, lo que se logra si neutraliza las fuerzas de seguridad institucionales y paramilitares que operan en el país, opina.

Desaprovechar esta oportunidad para comenzar a desactivar en serio la crisis en que sigue sumido el país, daría pie a que el Gobierno de Estados Unidos confirme una vez más, que la situación política de Nicaragua es grave, y le empuje a aplicar medidas de presión mucho más fuertes, que podrían ir más allá de las sanciones individuales.

“Esto es complicado… desafortunado, porque afectaría gravemente el funcionamiento del país, pero sería una consecuencia de cómo actúa el régimen”, concluyó Orozco.

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