Política

Oposición demanda cambios de verdad en CSE y CSJ para “salida electoral”

Gabriel Alvarez: “Si Ortega no quiere, no van a haber condiciones políticas adecuadas para participar en las elecciones”

La posibilidad de que Daniel Ortega nombre en los próximos meses nuevos funcionarios en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE y la Contraloría General de la República (CGR), abre la puerta de que se encuentre una “salida electoral”, a la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, pero solo si hay una negociación con la “verdadera oposición”, opinaron algunos voceros de la oposición consultados por CONFIDENCIAL. 

El doctor Carlos Tünnerman, excoordinador nacional de la Alianza Cívica, considera que estos cambios serían “negativos si se nombran personas del círculo de aliados incondicionales de Ortega”, y de esos nombramientos depende que la gente acuda a votar masivamente en las urnas en las próximas elecciones de 2021, que la Unidad de Análisis de The Economist, estima no serán libres y permitirán que Ortega permanezca en el poder.

Tünnerman apela a que Ortega se siente a negociar y pueda nombrar en los cargos a “personas de reconocida honorabilidad e independientes”, y que no tengan ningún tipo de vínculos con partidos políticos, especialmente el FSLN, de tal manera que la independencia de esos Poderes del Estado no esté en cuestionamiento.

Según una investigación de CONFIDENCIAL, Ortega nombrará a 12 de 16 cargos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia cuyos cargos están vencidos desde abril de 2019. De igual manera buscaría siete funcionarios que ocupen los cargos en el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República donde hay cinco miembros propietarios que fueron nombrados desde 2014.

Según una fuente del FSLN, estos cambios  “responderían al interés de la vicepresidenta de reforzar el control, en la misma línea de las reformas electorales que serán efectuadas sin cambiar el Consejo Supremo Electoral”. Estos fueron ordenados por Ortega quien además creó un grupo de trabajo conformado por operadores políticos de la CSJ y la Asamblea Nacional.

“Ortega podría buscar una negociación”

Para el político liberal Eliseo Núñez, miembro de la Alianza Cívica, el hecho de que no se hayan nombrado a los propietarios de cargos vencidos es un “indicio, muy tenue”, de que Ortega pudiera buscar una negociación con la oposición, pues el régimen ya cuenta con 70 votos en la Asamblea Nacional que le permitirían nombrar a quien quisiera y con ello “indicar que ya se cerró el juego y no hay posibilidades de ninguna reforma”.

Según Núñez, cualquier reforma que se quiera hacer a la Ley Electoral tiene que pasar por un cambio en los magistrados del Consejo Supremo Electoral, y considerando que Ortega ya ordenó una propuesta de cambios a la Ley, es posible que también se prepare para sentarse a negociar.

Pero el analista advierte que también dependerá de “con quién”, se siente a negociar Ortega, pues recuerda que hay un grupo de partidos zancudos que responden a los intereses del Frente Sandinista mientras actúan como si fueran oposición.

“Si estuvieras en un modelo normal de gobierno la oposición ha hecho suficiente para que Ortega necesite negociar con ellos. Ortega tiene un problema de legitimidad enorme, tiene serios problemas, no solo de cara a la comunidad internacional, sino también a grandes sectores importantes del país, pero Ortega nada más negocia cuando tiene miedo físico y eso no está en los planes de la oposición. Una marcha no lo hace negociar, lo hace negociar algo como lo que sucedió en abril que le hizo pensar que la gente podía llegar a El Carmen y sacarlo de allí”, expresó Núñez.

“Van a tratar de mantener el control hasta donde puedan”

El también político liberal y miembro de la Coalición Nacional, José Pallais, ve la posibilidad de que, a pesar que Ortega y Murillo podrían nombrar personas independientes en los cargos vencidos, intentará mantener el control de esos Poderes del Estado “hasta donde puedan”, pero también podrían “ceder algunas posiciones”, sin comprometer el control en algunos Poderes del Estado.

“El Frente Sandinista ha estado pretendiendo prolongar, agudizar a través del CSE el conflicto interno del PLC, más bien lo veo inclinado a buscar un entendimiento con el sector empresarial. Es más posible que traten de buscar un entendimiento con los empresarios que con quien negociaban anteriormente”, analizó Pallais.

Tünnerman también recuerda que Ortega necesita hacer las reformas en función de la resolución de la Organización de Estados Americanos y de ello depende su propia legitimidad.

“Si él procede a nombrar magistrados en la misma línea que ha hecho siempre, de poner personas obediente a su mandato, estaría demostrando que no tiene la intención de hacer una reforma electoral verdadera, que es lo que pide la OEA para que los resultados de 2021 sean resultados con un reconocimiento internacional”, explicó Tünnerman.

Sin reformas no hay elecciones

Sin reformas electorales que impliquen un cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el poder político, no existen las condiciones para el desarrollo de elecciones en noviembre de 2021, valora el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, ya que, para él, lo fundamental es diseñar un proceso que permita darle el peso político “a la voluntad que la gente tiene en las democracias”, y eso no sucede, sin “cambiar el Consejo Supremo Electoral”, expresó en una entrevista en el programa Esta Semana.   

El Poder Electoral, compuesto por diez magistrados, fieles al Frente Sandinista, en su mayoría, debe ser reemplazado por nuevas autoridades escogidas bajo los criterios de “idoneidad y probidad”, indica una de las demandas del Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE), al que pertenece Álvarez. El jurista Álvarez explica que los magistrados actuales han sido partícipes, “gestores” de sucesivos fraudes electorales y dichos antecedentes no producen la confianza necesaria para que haya una participación electoral “aceptable” en el 2021.

Lo esencial, argumenta,  es integrar un CSE que transmita un mensaje de mayor confiabilidad a la población, y el actual Consejo “transmite toda la seguridad de que las elecciones serán fraudulentas y eso es un atentado a priori de la eficacia, como instrumento democrático, del próximo proceso electoral”, sostiene el también miembro del GPRE.

Ante la posibilidad que Daniel Ortega maquille el cambio de magistrados, y coloque nuevas figuras, pero siempre bajo su dominio político, para intentar enviar un mensaje de transformación del CSE, el jurista, considera que esos movimientos no se consideran un cambio, y son maniobras políticas de Ortega.  

Entre las reformas que demanda el GPRE está que se elimine la reelección presidencial y de la vicepresidencia, además de la diputación “constitucional” que se brinda al presidente saliente y al segundo candidato presidencial más votado. En total incluye doce cambios de los cuales cuatro requieren de una reforma constitucional.

Presos políticos y estado policial

Al cuestionamiento de ir a elecciones sin un cambio sustantivo en el CSE se suma el peso de la demanda de liberación de los presos políticos. Grupos opositores de la sociedad civil demandan que mientras existan personas encerradas por el régimen, no se debería ir a ningún proceso electoral.

Álvarez considera que esta debería ser una exigencia transversal permanente y condicionada de la sociedad nicaragüense y de la comunidad internacional. Sin embargo, también cree que “eso le ha permitido al señor Ortega tener una ficha de cambio”.

Para el jurista la decisión respecto a los presos políticos debe estar presidida por el criterio de lo que más le conviene a ellos y a sus familiares. Y desde su perspectiva eso pasa por “una transición democrática es lo único, no hay otra posibilidad, me parece a mí, de garantizar que los presos políticos van a dejar de estar secuestrados por el Gobierno y eso implica tomar decisiones políticas”, expresó.

Pero eso no es todo. Ortega mantiene una política represiva contra la oposición, que asedia, acosa e impide que salgan de sus casas para organizarse en los territorios. Si ese escenario se pretende trasladar a las condiciones electorales es fácil responder que no se puede ir a elecciones bajo ese escenario, explica Álvarez, pero aclara que el camino hacia un proceso electoral se trata que la sociedad nicaragüense, las organizaciones y la comunidad internacional obliguen a que la pareja presidencial se sienta, políticamente, sin salida, y con ello, brinden las condiciones políticas e institucionales para las votaciones. 

“Si Ortega no quiere, y no se le convence, y no se le persuade que eso es lo mejor para todos, sencillamente no van a haber condiciones políticas adecuadas para participar en las elecciones”, aunque él si considera que aún es posible trabajar en una salida democrática hacia noviembre 2021.

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