Política

Oposición se disputa territorios bajo asedio policial y paramilitar

De agosto a noviembre, la UNAB pasó de 73 a 113 municipios; y la Alianza Cívica de 112 a 132; la Coalición Nacional está organizada en 12 departamentos

Las plataformas opositoras han marcado la organización territorial como una nueva frontera en su camino para lograr la suspensión del estado policial y derrotar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en unas eventuales elecciones. En las últimas semanas, las organizaciones han apurado encuentros en municipios y departamentos, para establecer consejos o delegaciones; sin embargo, las reuniones se han dado en un ambiente de asedio, intimidación y violencia de parte de la Policía y simpatizantes de la dictadura.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Coalición Nacional (CN) han organizado, por separado, asambleas ciudadanas que se han saldado con la juramentación de comités, pese a la intromisión de la Policía.

La Coalición ha establecido once consejos en igual número de departamentos; la UNAB tiene nueve comités departamentales; y la Alianza Cívica posee tres delegaciones. La distribución es variada, pues solo Boaco es el único departamento que cuenta con una representación departamental de las tres organizaciones opositoras; en el resto hay una o dos delegaciones distintas.

La disputa, sin embargo, aún no llega a Managua y las regiones de la Costa Caribe Norte y Sur, donde ninguna de las tres cuenta con alguna representación, aunque, todas sostienen que han tenido encuentros a nivel de barrios, distritos y municipios, sin integrar aún una representación general.

Crecimiento en los municipios

En el caso de los municipios, las únicas con representación son la UNAB y la Alianza Cívica, que desde agosto han incrementado el número de directivas municipales, la Unidad Nacional tenía en ese mes 73 consejos y ahora tiene 113; mientras la Alianza Cívica pasó de 112 a 132 directivas o “equipos de trabajo”, como les define esta organización.

Max Jerez, coordinador de la comisión política de la Alianza, explicó que los llamados “equipos de trabajo” son grupos de ciudadanos que se encargan de organizar los encuentros donde se constituyen las directivas. En el caso de los municipios, detalló que las asambleas no pueden ser menores de 30 personas, y en los departamentos no deben ser menos de 60.

“La Alianza Cívica no integra organizaciones en el trabajo territorial, se enfoca en integrar personas (…) Ha sido un reto integrar a los ciudadanos en un modelo organizativo que está avanzando actualmente en la mayoría de los departamentos y municipios del país”, detalla.

Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la UNAB y de la Comisión de Organización de la Coalición, detalló que esta última de las plataformas ha priorizado su organización en los departamentos, y no ha establecido ninguna delegación en los municipios.

“Nosotros sabíamos que poner ternas departamentales como lo plantearon desde la Coalición es muy fácil, estamos hablando de 51 personas por departamento o región. Eso cualquier agrupación puede hacerlo”, comenta.

Álvarez agrega que “la lucha real estará en los municipios, donde la gente se conoce, y ahí es donde apuesta la unidad en su fortalecimiento, y donde vamos a tener una medida de lo fuerte que es la Coalición, si logra poner sus asambleas municipales”.

La Coalición tras la salida de la Alianza

La Coalición Nacional es integrada por la UNAB, el Movimiento Campesino y los partidos políticos Liberal Constitucionalista (PLC); Restauración Democrática (PRD); Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN); y el partido indígena regional Yatama, y los grupos juveniles y estudiantiles, después de que la Alianza Cívica formalizó su salida a finales de octubre.

Tras la separación, a la Coalición se han unido exmiembros de la Alianza Cívica que rechazaron la ruptura. Entre esos miembros están la autodenominada Alianza Cívica por la Unidad Nacional (ACUN), cuyo nombre aún no está oficializado. Además, la Unidad Nicaragüense Territorial (Unite), en la cual están afiliadas —según Álvarez— “enlaces en los territorios de la Alianza Cívica, exmiembros del PLC, y excontras”.

Los estatutos de la Coalición establecen que las directivas departamentales estarán integradas por tres representantes por organización. Además, que su elección podrá ser impugnada por cualquiera de los miembros.

Álvarez indicó que las directivas de Masaya, Estelí y Chinandega han sido impugnadas por representantes del PLC y Unite. “En otros casos, donde hubo quejas, se han cambiado las delegaciones o han renunciado los señalados”.

Las impugnaciones y la organización de las directivas están a cargo de la Comisión de Organización de la Coalición, que según los estatutos es conformada por un representante de cada organización.

No ven competencia

Jérez, de la Alianza Cívica, señala que, aunque haya un repunte en la organización territorial de las plataformas políticas, esto “no debe satanizarse” o verse como una competencia entre los grupos. “Cada uno de estos movimientos tiene grupos específicos de ciudadanos, a los cuales su misión y enfoque político les es más atractivo”.

Destaca que en la medida que el trabajo organizacional, de cada una de las organizaciones, sea “exitoso”, va a poder “aportar mayor fuerza organizativa a cualquier esfuerzo estratégico de lucha contra la dictadura, que se quiera realizar en conjunto”.

El también líder universitario comentó que la salida de la Alianza Cívica de la Coalición provocó un “movimiento interno” en la organización, pero que esto ya lo preveían. “Hemos calculado que en total salieron entre 23 y 30 personas que era directivos, coordinadores o miembros de equipos departamentales o municipales, pero más allá de eso no se han dado movimientos”, estima.

En las últimas semanas también se ha visto una mayor actividad ciudadana en el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL); sin embargo, Rodolfo Quintana, secretario nacional de la organización política, puntualizó que se trata de un trabajo de formación y capacitación, más que un proceso organizativo.

Subrayó que la represión del régimen provocó que algunos miembros del partido salieran del país, pero que estas vacantes fueron llenadas en un proceso de seis meses, que inició en junio de 2019.

Quintana dijo que ellos no están exentos del asedio policial y la represión en los territorios, pero que la labor de formación puede hacerse vía internet, “mediante actividades locales que no dependen su visibilidad ni la presencia de figuras nacionales”.

Acoso policial

Las organizaciones civiles se han enfrentado a un constante asedio policial y paramilitar durante sus reuniones municipales o departamentales, como la retención vehicular o el impedimento a salir de los locales; sin embargo, en las últimas semanas se han intensificado las agresiones al punto de haber ya heridos de gravedad.

En Matagalpa, se conformó la última directiva departamental de la Coalición Nacional, que fue en un encuentro realizado el pasado primero de noviembre en un salón de reuniones de la ciudad norteña. La asamblea ciudadana fue interrumpida abruptamente por un dispositivo policial, cuyo jefe, voz en grito ordenó a los ciudadanos: “Se me salen todos ya. Les doy cinco minutos. No está autorizado esto. ¡Cinco minutos!”.

Pese al acoso policial, los ciudadanos conformaron el comité departamental de la CN. Después de los gritos del policía y un rifirrafe con uno de los asistentes, se alzó una voz desde la mesa principal: “Por Dios, por nuestra patria, ¿prometéis cumplir y hacer cumplir los estatutos, principios, y objetivos de la Coalición Nacional?”. A lo que todos de pie y al unísono respondieron con un grito fuerte: “¡Sí prometo!”.

Previo a la agresión policial, se reportó que hubo líderes locales a los que no dejaron salir de sus casas en Matagalpa para acudir a la asamblea; al tiempo que Ivania Álvarez —quien junto con otros jóvenes pretendía asistir a la reunión— fue expulsada a golpes de la habitación del hotel en la que se hospedaba en la ciudad norteña.

La situación en Matagalpa no se saldó con heridos, como si ocurrió el domingo once de octubre, cuando unos simpatizantes sandinistas apedrearon a miembros de la Coalición que sostenían un encuentro en Masaya. Ese día fue golpeada en la cabeza Verónica Chávez, esposa del opositor y expreso político Miguel Mora. Ella estuvo más de un día en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Managua.

También se reportó la agresión a pedradas del periodista Josué Garay, portavoz de la UNAB; el robo de un celular al pastor Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática (PRD); y daños a los vehículos de varios de los asistentes a la reunión. Todas estas acciones fueron presenciadas por un dispositivo policial de más de 70 efectivos y una docena de patrullas, que se limitaron a observar el ataque.

Tras figuras nacionales

Jerez afirma que el régimen ha tratado de sabotear el trabajo organizativo de todas las plataformas opositoras y que la mayoría de las acciones de represión van encaminadas a evitar que las autoridades nacionales de las organizaciones opositoras se movilicen a los departamentos o los municipios para la realización de las asambleas.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, fue retenido por efectivos policiales este viernes 13 de noviembre en el empalme de Nejapa, sobre la Carretera Sur, cuando se dirigía a una reunión de la plataforma opositora.

Según Chamorro, los agentes le informaron que es “objeto de investigación” y “no puede salir de Managua”. “No sé si refieren al municipio o al departamento de Managua, así que bueno, vamos a seguir con nuestra tarea diaria por la democracia y la justicia”, dijo el opositor en un video publicado en las redes sociales.

Félix Maradiaga, representante del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, han sufrido el mismo tipo de asedio que Chamorro. A Maradiaga lo persigue constantemente una patrulla policial, mientras el dirigente campesino se ha tenido que resguardar en un par de ocasiones en las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ante la persecución policial.

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