Política

Ortega enfrenta plazos fatales en junio

Analistas políticos valoran que dictadura saldrá debilitada o tendrá que hacer concesiones en temas innegociables

La segunda quincena de junio traerá un escenario externo inédito y desfavorable para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tres actores de peso en la esfera internacional —Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea— tomarán decisiones que, según analistas políticos, debilitarán al régimen o, por lo menos, lo obligarán a ceder en terrenos hasta ahora infranqueables.

El próximo 18 de junio, se vence el plazo convenido por Ortega con la Alianza Cívica —con la OEA y el Vaticano como testigos— para liberar a todos los presos políticos. El 20 de junio se cumplen 180 días de la aprobación de la ley Nica Act en Estados Unidos y el Departamento de Estado de EE. UU. debe presentar una evaluación, con la lista de funcionarios a sancionar por sus vínculos con casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Ese período fue establecido en la ley Nica Act, aprobada en diciembre pasado.

La cercanía de estos plazos ha llevado al régimen a recrudecer su presión para que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia solicite la suspensión de posibles sanciones internacionales contra Nicaragua, especialmente la Nica Act.

Estados Unidos ya ha sancionado a miembros del círculo cercano del presidente Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo; el secretario privado y asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau (“Chema”); y el consuegro del mandatario y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz. Además, al tesorero del FSLN y vicepresidente de Albanisa, Francisco “Chico” López” y al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

La Administración estadounidense incluyó también recientemente en su lista negra al Banco Corporativo (BanCorp), que funcionaba como brazo financiero de Alba de Nicaragua (Albanisa), la empresa creada para privatizar la cooperación venezolana. Las sanciones incluyen el bloqueo al sistema financiero estadounidense, impedimento para acceder a propiedades bajo la jurisdicción de EE. UU., y la suspensión de visa estadounidense.

El efecto de las sanciones

Óscar Rene Vargas, analista político, mencionó que las sanciones individuales “golpean en forma de carambola”, al poder económico y político de Nicaragua, ya que Ortega se “ha logrado posesionar” como el cabecilla en los dos ámbitos.

La Nica Act contempla además establecer condicionamientos de préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dora María Téllez, exguerrillera y dirigente del MRS, destacó que las sanciones individuales tienen más impacto dentro del orteguismo, ya que los organismos multilaterales como el BM y BID han reducido los desembolsos desde el año pasado.

 Asamblea General de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) realizará el próximo 26 de junio una Asamblea General, en Medellín, Colombia, en la que se espera avalúen la situación de Nicaragua, que podría acabar con la activación de la Carta Democrática Interamericana para Nicaragua, y su posible suspensión del foro regional.

La suspensión del organismo implicaría un mayor aislamiento del mundo y perder el acceso a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es una de las principales fuentes de financiamiento para la inversión pública.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó, el pasado 21 de mayo, con 20 votos a favor, tres en contra y diez abstenciones, una resolución que exige la liberación de los presos políticos, el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y elecciones libres en Nicaragua.

La votación sirvió para observar un leve incremento de votos en contra del régimen orteguista. En julio de 2018, una resolución de condena contra la represión obtuvo 21 votos. Sin embargo, en la última votación de una resolución contra el orteguismo, en diciembre pasado, ese número bajó a 19, porque Honduras y Guatemala decidieron abstenerse.

Esos 20 votos a favor de la última resolución acercarían al organismo a los 24 votos necesarios para aplicar la Carta Democrática al régimen y suspenderlo del foro.

En entrevista con el programa Esta Semana, la embajadora de Argentina en la OEA, Paula Bertol, aseguró sobre los votos necesarios para la aplicación de la Carta Democrática: “No existen hoy, lo que no quiere decir que no puedan estar mañana. Nosotros, cada día que pasa, trabajamos para que la luz sea puesta sobre la mesa, para informar a aquellos países que se están absteniendo, que sepan la verdadera situación en Nicaragua”.

Centroamérica será clave

El régimen ha perdido el apoyo de Venezuela en la OEA, ya que ahora el escaño venezolano lo detenta Gustavo Tarre, un delegado del presidente encargado venezolano, Juan Guaidó. El nuevo embajador es una voz crítica a la dictadura.

El empresario Nayib Bukele saluda luego de asumir la Presidencia de El Salvador para el período 2019-2024, junto a su esposa, Gabriela Rodríguez. EFE | Confidencial

También se espera un cambio en la posición de El Salvador, cuyo actual Gobierno es un aliado del régimen y se ha abstenido en las votaciones. Sin embargo, este primero de junio, asume la Presidencia salvadoreña, Nayib Bukele, quien se ha pronunciado en contra la dictadura sandinista.

Vargas señaló que Guatemala y Honduras viven sendas crisis políticas, que los convierte en “susceptibles” a presiones estadounidenses, de cara a próximas votaciones en la OEA.

En el caso hondureño, el analista subrayó que el presidente Juan Orlando Hernández sufre una crisis política, por una serie de masivas manifestaciones en su contra. Esta situación “también debilita cualquier alianza que pueda haber entre Hernández y Ortega”.

 Sanciones europeas

Tras el vencimiento de los 180 días de la Nica Act y la cita de la OEA, sobre el régimen también está la amenaza de sanciones de la Unión Europea. El eurodiputado saliente, Ramón Jáuregui, manifestó que si los presos políticos no son liberados el próximo 18 de junio, cuando se vence el plazo aceptado por el Gobierno, lo más probable es que el bloque europeo anuncie castigos, en la segunda quincena de junio.

Eurodiputados
Vista general de una sesión en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Foto: EFE/ Patrick Seeger

El Parlamento Europeo ha exigido a la alta representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Federica Mogherini, que inicie el proceso de sanciones “personalizadas” contra funcionarios orteguistas. Además, han pedido activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación —del que Nicaragua es firmante—, por lo que el país podría quedar fuera de ese pacto, firmado en 2012.

“Si el Gobierno de Nicaragua no libera a los presos antes del 18 de junio y, por tanto, no se cumple la primera condición de ese diálogo (nacional), la UE establecerá probablemente sanciones para las principales figuras del régimen”, dijo Jáuregui.

 Liberaciones, no excarcelaciones

Téllez destacó que el acuerdo firmado por el régimen y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, cuyas negociaciones están suspendidas, detalla que los presos políticos deben ser liberados y no excarcelados, que es lo que ha hecho el Gobierno, hasta el momento.

La exguerrillera dijo que el Gobierno no se puede permitir incumplir en el tema de los presos políticos, porque “serían palabras mayores” es un escenario de alta vulnerabilidad internacional, ya que no cuenta con el apoyo económico de Venezuela, que por años sostuvo al régimen nicaragüense.

Carlos Herrera | Confidencial

José Dávila, exembajador y analista político, dijo que el régimen no puede solo prometer que excarcelará a los presos políticos, sino que debe llevar a cabo “medidas radicales y urgentes” como liberar a todos los reos de conciencia, restaurar las libertades y derechos constitucionales, y “dar una fecha para las elecciones adelantadas”.

Indicó que solo estas medidas le servirían al régimen para frenar las sanciones, aunque por el momento ha hecho “muy poco” para evitarlas. “Esas instituciones tienen procesos de sanciones aparentemente lentos, pero muy sólidos; normalmente no tienen retroceso ni se dejan engañar”.

El exdiplomático apostilló: “El Gobierno se ha encerrado en un callejón sin salida y el espacio de negociar prácticamente se le ha agotado por no cumplir lo acordado en el diálogo”.

 Después del orteguismo

Los plazos políticos de junio acarrean la imposición de sanciones económicas o el bloqueo a financiamientos, lo que debilitará aún más al régimen, que es frágil en el tema económico, luego de la caída en el apoyo venezolano.

“Ortega tiene problemas de dinero”, afirmó Téllez, quien agregó que al dictador le urge dinero para mantener “su maquinaria represiva”, que se basa en labores de asedio, espionaje, persecución y ejecución.

Dávila subrayó que pese a las nefastas consecuencias que traería un junio negro, el régimen “no quiere ceder” por tres razones: ya no tiene tiempo para negociar un buen acuerdo; el bloque de países al que pertenece — Cuba, Venezuela, Rusia, China y Turquía— “lo obligan a no ceder” ante Estados Unidos; y por último, no ha encontrado la “respuesta adecuada” para explicar ante su militancia los pasos que tiene que dar.

Vargas resaltó que el presidente le teme al germen de la protesta, por lo cual no permite las marchas, ni la liberación de los presos políticos o el regreso de los exiliados. “Ortega ha logrado que la gente se quede en sus casas, aunque eso no significa que apoyen al Gobierno, sino que lo hacen por temor, pero el germen de la protesta sigue”.

“La liberación de los presos políticos significaría incorporar al movimiento social el liderazgo que está preso. Lo mismo sucede con los exiliados (…), esto permitiría una segunda ola de protestas que significaría el fin de Ortega”, describió el analista político y exmilitante sandinista.

“Un año después de crisis, la burguesía, el gran capital y la oligarquía están claros que Ortega ya no puede ser el hombre que les asegure la paz social y un clima de inversiones, entonces están buscando cuál sería la alternativa para el posorteguismo”, razonó Vargas.

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