Nación

“No entendemos la lógica de esos 90 días”, cuestiona Comité pro Liberación

Plazo de 90 días es “táctica dilatoria” contra presos políticos

“No podemos aceptar una tortura por 90 días. Los derechos humanos no son negociables”, reclama Vilma Núñez, presidenta del Cenidh



El acuerdo de liberar a más de 760 presos políticos en un plazo no mayor a los noventa días, fue calificado como “tácticas dilatorias” por el Comité Pro Liberación de Presas y Presos políticos que demanda que sus familiares deberían salir de la cárcel en quince días, y no en tres meses, pues este “es un tiempo excesivo”.

“Demandamos que las negociaciones no inicien hasta que se libere al último preso político, como garantía de cumplimiento del acuerdo. La liberación y anulación de los juicios se tiene que realizar en base a la lista de nuestro Comité, que hasta el día de hoy reúne una cifra de 802 presos políticos”, dice el comunicado sobre el acuerdo entre la dictadura de Daniel Ortega, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó sentirse “triste, confundida y furiosa”, pues considera que los presos políticos están siendo tratados como fichas de intercambio por el dictador Daniel Ortega, asimismo, cuestionó el manejo de la agenda aprobada por las partes o si serán “rehenes escogidos uno a uno mientras discuten los puntos de agenda”.

“¿Y durante 90 días las madres esperando desesperadas a la intemperie en las puertas de la cárcel? No, eso es inaceptable. No podemos seguir imaginando la repetición de los horrores que ya vivimos, no podemos aceptar una tortura por 90 días. Repito, los derechos humanos no son negociables, la libertad de nuestros presos y presas tampoco, todo este horror es un problema de derechos humanos”, afirmó Núñez.

El Comité solicitó que se establezca y se de a conocer un calendario y un mecanismo claro de liberación que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. También exigieron que además de la presencia de la Cruz Roja, se integre al MESENI y al Comité como organismos garantes.


Asimismo exigieron el cese al hostigamiento, acoso y violencia contra presos políticos y a sus familiares por parte de la Policía Nacional, paramilitares y cualquier otro mecanismo de represión del régimen. El Comité demandó el restablecimiento de los derechos constitucionales, la libre movilización y libertad de expresión.

Abogado sostiene demanda de nulidad

Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuestionó que de los más de 700 detenidos, hay aproximadamente 350 que están privados de libertad sin que se les haya iniciado un proceso. Es decir, son ciudadanos que ya deberían estar en sus casas.

“Entonces, qué procedimiento se le puede aplicar a una persona que está detenida y a la que no se le ha cumplido lo que establece el Código Procesal Penal, que dicta que si en un término de 48 horas no se encuentra causa penal, pues esta debe ser puesta en libertad. Y en las cárceles hay personas que tienen un mes o dos detenidos. Ellos deberían estar en libertad”, explicó Montenegro.

El abogado de la CPDH expresó que los casos judicializados, en los que ha habido detenciones ilegales con civiles armados y violaciones a los derechos y garantías, deberían declararse nulos, pues desde el inicio, las defensas han expuesto que los procesos están cargados de muchas irregularidades, por ejemplo, el hecho de que se incorporen testigos de imprevisto o que algunos lleguen a leer en un proyector sus testimonios.

“Así como se hacen las cosas (procesos irregulares) también se pueden deshacer. Como hay nulidad, lo que procede es dejar en libertad inmediata a los presos políticos. No entendemos la lógica de esos noventa días. ¿Significará estos noventa días que primero salen unas personas sin trascendencia política y por último a los líderes de protestas? Si es así, eso no obedece a un criterio jurídico”, insistió Montenegro.

El defensor de los presos políticos agregó que en los casos de los reos del régimen, no corresponde seguir con procesos engorrosos y esperar tanto tiempo, pues la “la nulidad se han argumentado en cada uno de los casos y la autoridad judicial de manera oficiosa, cuando se trata de nulidad absoluta”, puede resolver esto sin esperar tantos días.

Gobierno reconoce existencia de presos políticos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua agradeció al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la designación de Luis Ángel Rosadilla como testigo y acompañante internacional en la mesa de negociación entre la dictadura y la Alianza. La carta enviada a Almagro de parte del régimen orteguista es el primer reconocimiento de la existencia de presos políticos.

“El Gobierno proponer continuar y concluir con la excarcelación de presos, incluyendo la liberación de todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado como presos políticos, en el marco de la negociación, en un proceso, y en un plazo máximo de noventa días, de acuerdo al orden constitucional, legal y administrativo nicaragüense”, dice el documento firmado por el canciller Denis Moncada.

La carta de la cancillería, específicamente la sección en la que se habla de la libertad a los presos “de acuerdo al orden constitucional, legal y administrativo nicaragüense”, ha levantado muchas sospechas entre la población nacional, pues consideran que el sistema judicial, controlado por la dictadura, no es una garantía para confiar en la liberación total.


Juan Sebastián Chamorro, titular negociador de la Alianza Cívica, explicó en su cuenta de Twitter que “los van a liberar a todos. Ellos admiten que son presos políticos y que no hubo intento de golpe de estado. Se pusieron un plazo final para liberarlos. No se hará llamado a levantar sanciones hasta que la totalidad de los derechos sean restituidos”.

Azahálea Solís, también miembro de la Alianza, explicó en sus redes sociales que según el ordenamiento jurídico del país, los juicios son nulos, tal y como lo manifestó el abogado Montenegro al inicio de este artículo.

Por su parte el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) instó al régimen de Ortega a retomar la cooperación con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, y solicitó liberar a todos los detenidos en las manifestaciones desde abril.

“Instamos al gobierno de Nicaragua a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como a la independencia de los medios de comunicación y del Poder Judicial, y pide al gobierno que libere a todos los detenidos de manera arbitraria o ilegal, para garantizar el debido procesar los derechos y garantizar que las condiciones de detención cumplan con sus obligaciones y compromisos de derechos humanos”, dice la resolución, que obtuvo 23 votos a favor, 3 en contra (Cuba, Egipto y Eritrea) y 21 abstenciones.

El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, expresó que la agenda de negociación aprobada por Alianza, Gobierno y OEA, marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en el país. Destacó que no hay tiempo que perder y que se necesitan soluciones reales en tiempo real.

“El compromiso de liberar a todos los presos políticos es un paso positivo. Deben ser liberados lo antes posible”, dijo el embajador de Estados Unidos en Nicaragua.

Respaldo a demanda del Comité

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la sociedad civil, apoyó el comunicado del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, y exigió a la dictadura que libere a los detenidos en un plazo máximo de quince días.

“Condenamos la deplorable situación (de los presos políticos) y exigimos esfuerzos urgentes para evitar la permanencia en celdas de máxima seguridad, el aislamiento permanente, el calor agobiante, la falta de aire y luz, la imposibilidad de tomar sol que pone en riesgo sus vidas. Este sufrimiento debe terminar”, dice el comunicado de la Articulación.

También manifestaron que no es posible regresar a una negociación sin el restablecimiento de todos los derechos constitucionales. De igual manera exigieron transparencia en la mesa de diálogo y llamó a la comunidad internacional a mantener las sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

José Adán Aguerri, titular negociador de la Alianza Cívica y presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, explicó que “trabajarán simultáneamente en la liberación de los presos políticos y el aseguramiento de que todos los presos van a salir”, así como la anulación de los juicios y condenas políticas.

“Queremos aclarar que será en un plazo no mayor de noventa días. Es decir, no van a salir hasta en noventa días, es un plazo máximo. Al iniciar negociaciones trabajaremos (por la) anulación de sus respectivos juicios”, insistió Aguerri.