Nación

Alianza Cívica: Ortega consolida un "estado policial"

Policía prohíbe marcha Cenidh por los derechos humanos

Jefe policial confiesa en su escrito que “no autoriza, ni autorizará movilizaciones públicas”, a quienes ellos consideran golpistas.



La Policía Nacional se escudó en un tecnicismo legal para negar al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el permiso de realizar una marcha este lunes diez de diciembre, con lo que mantiene inalterable la decisión del régimen de Daniel Ortega de impedir cualquier tipo de manifestación ciudadana a toda costa.

La semana pasada, el Cenidh introdujo ante las dependencias policiales, una solicitud de permiso para marchar en celebración del 70 aniversario de la promulgación oficial de la carta de Derechos Humanos por parte de la ONU en 1948.

Contaban con que la policía del régimen no podría tildarlos de terroristas, ni de querer dar un golpe de Estado, como lo hicieron con la Unión Nacional Azul y Blanco cuando esta solicitó permiso para realizar una marcha en contra de la violencia hacia las mujeres… pero la Policía lo hizo.

El considerando tres de la Resolución 030 – 2018, firmada por el comisionado general Luis Fernando Barrantes, jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la PN, dice que esa entidad “no autoriza, ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones, o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido golpe de estado…”, en referencia a la rebelión de abril y los hechos posteriores.

El alto jefe policial también argumenta que el Cenidh “carece de junta directiva legalmente constituida, está acéfalo desde el 25 de abril del año 2018… de forma que todo lo actuado… hasta la fecha, es inválido”.

“Por eso, los firmantes del escrito presentado no tienen representación legal del Cenidh, en consecuencia no pueden adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre del Cenidh”, añade.

“Hemos trabajado legalmente”

Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, rechazó de forma categórica en nombre de esa organización las afirmaciones vertidas en el comunicado policial que solo “confirman el estado policíaco en que vive el país, por cuanto no es constitucional la declaración policial que declara imposible realizar las marchas”.

La Resolución 030 – 2018 “reitera la práctica arbitraria, inconstitucional, de violentar los derechos políticos de la ciudadanía, de expresarse, manifestarse cívica y pacíficamente, libre y sin miedo”, añadió.

Carrión rechazó las imputaciones que se le hacen al Cenidh, en el sentido de haber sido parte de un supuesto golpe de estado “igual que rechazamos las acusaciones que le han hecho a todo el pueblo de Nicaragua que ha protestado valientemente frente al régimen”.

“Tenemos 28 años de funcionar legal y correctamente. Este régimen ha buscado cualquier manera de poner obstáculos al buen funcionamiento excepcional del Cenidh, como parte de la persecución generalizada a las ONG que hemos jugado por años, un papel social y político construyendo ciudadanía, promoviendo el respeto a los Derechos Humanos, y fiscalizando al Estado”, detalló.

Más violaciones a la libre movilización

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por Justicia y la Democracia, dijo que no le sorprendía la noticia. Por el contrario, la recibe como “la consolidación de un estado policial que viola los derechos básicos a de la población bajo argumentos infundados, al acusar al Cenidh de golpes y otras cosas”, igual que hizo antes con la solicitud de la Unión Nacional Azul y Blanco, que pretendía conmemorar así el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.

“Hay que seguir intentando -porque esos argumentos son tecnicismos- para dejar más al descubierto el interés gubernamental de no permitir ningún tipo de manifestación, pese a que eso es un derecho de los nicaragüenses”, dijo Chamorro, adelantando que también hay que denunciarlo ante los organismos internacionales.

Por su parte, Denis Darce Solís, director de Proyectos y Capacitación, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), recordó que “el gobierno de Nicaragua ha venido usando las instituciones públicas para reprimir las manifestaciones y coartar la libertad de opinión de los ciudadanos. Esta negativa es parte de esa estrategia de limitar y reprimir el derecho a manifestarse”.

El abogado precisó que “esa regulación, bajo ningún concepto faculta a la Policía a negar ese derecho. Los convenios internacionales de derechos humanos detallan que los estados regulan las manifestaciones, pero exclusivamente para garantizar que se haga de manera ordenada y protegida”.

En vez de eso, “el Estado de Nicaragua la usa para negar ese derecho, con lo que viola las convenciones nacionales e internacionales. El Gobierno lo sabe, pero incluso han apresado a personas por su derecho a manifestarse, como don Alex Vanegas, que tiene más de 60 años, y pese a ser una detención ilegal y arbitraria, no ha sido presentado a la orden del juez, ni llevado a audiencias”, detalló.

Darce observa que lo que existe es un estado de “indefensión ciudadana”, en donde ni siquiera la Corte Suprema de Justicia -que debería tutelar esos derechos- se pronuncia al respecto para garantizar esos derechos a los ciudadanos.

La opción ha sido “informar al Meseni, y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (que monitorea desde Panamá lo que ocurre en Nicaragua), sobre estas violaciones del Gobierno, que contradicen los Derechos Humanos cuya vigencia celebramos este diez de diciembre”.

Luego de sus consideraciones, Barrantes resuelve “no autorizar la marcha que pretende realizar el día lunes 10 de diciembre 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)”, pese a que poco antes, en el considerando dos, había señalado que ese cuerpo armado “tiene por misión constitucional, proteger… el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas”.

La resolución de Barrantes alega que la solicitud fue firmada “por personas que dicen actuar en representación” del Cenidh, pero argumenta que ese organismo “carece de junta directiva legalmente constituida” y que está “acéfala desde el 25 de abril del 2018”.