Nación

Policía se toma la redacción de Confidencial

Carlos F. Chamorro emplaza a ministra de Gobernación María Amelia Coronel a que desocupe empresas privadas que no pertenecen a la ONG bajo persecución

Menos de 24 horas después del violento asalto y saqueo de la redacción de los medios de comunicación Confidencial y Esta Semana, la Policía —leal al dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo— ha ocupado las instalaciones, ordenando el retiro de los guardas de seguridad e instalando media docena de policías armados dentro del edificio, que aún permanecía desordenado y destruido tras el primer ataque.

La Policía volvió a las oficinas de Confidencial a las 10:27 de la noche del viernes a tomarse el domicilio, del que la noche anterior robó decenas de equipos de producción y edición de la redacción de estos medios de comunicación independientes, documentos contables y pertenencias personales.

La cerradura del portón principal de las instalaciones de Confidencial y Esta Semana, destruida por la Policía de la dictadura. Carlos Herrera | Confidencial

Dos patrullas y un microbús bajaron a media docena de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) a tomar control del edificio. Los Policías ordenaron a los guardas de seguridad abandonar las instalaciones, advirtiéndoles: “Nos venimos a tomar esta mierda”.

El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, denunció la “agresión fascista” de la dictadura. “Anoche la dictadura de Daniel Ortega asaltó la redacción de Esta Semana. Confidencial y Esta Noche, y hoy a las 10 p.m. nuevamente envió a la Policía a retirar a la empresa de seguridad y tomarse nuestras oficinas”, detalló.

“Alertamos a la opinión pública nacional e internacional. La dictadura Ortega-Murillo ordenó a la policía tomarse otra vez la redacción de Confidencial y Esta Semana hoy a las 10 p.m. No nos callarán. Seguiremos denunciando el asalto fascista”, agregó Chamorro.

En el edificio funcionan también las redacciones de la Revista Niú y la consultora CABAL, propiedad de la doctora Desirée Elizondo, esposa de Chamorro, que también fueron saqueadas y destruidas por la Policía.

Chamorro emplazó a la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, a que ordene a la Policía desocupar la redacción de Confidencial. “Si acaso pretenden alegar que están ocupando un inmueble y empresas propiedad de la ONG perseguida, CINCO, la emplazo a que lo demuestre. Es totalmente falso”, dijo Chamorro, porque “las empresas Promedia, Invermedia y Cabal, no están relacionas con ninguna de las ONG perseguidas, y el edificio que ocupan es de mi propiedad”.

Gobernación ordena confiscación

Nuevamente de forma simultánea, la Policía intervino también las instalaciones de la Fundación Popol Na, la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en Chontales, y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), a las cuales les canceló la personería jurídica, junto con otras organizaciones no gubernamentales, en una persecución sin precedentes.

En menos de quince días, la aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional anuló la personoría jurídica de nueve organizaciones. Entre estas también está el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), de la cual Chamorro ha sido directivo durante veinte años, pero que no guarda ninguna relación jurídica, económica e institucional, por lo cual el periodista sostiene que se trata de un ataque dirigido por el régimen de El Carmen.

El viernes al final de la tarde, el Ministerio de Gobernación emitió una orden para apropiarse de los bienes de las ONG a las cuales les cancelaron sus personerías.

“Confidencial no pertenece a una ONG, sino a una sociedad anónima. No a la confiscación”, reclamó Chamorro desde su cuenta de Twitter.

Debido al asalto, Confidencial ha tenido que suspender la circulación de su edición impresa semanal prevista para este domingo y el viernes produjo y transmitió en vivo por el Canal 12 de la televisión local el programa Esta Noche, denunciando el nuevo atropello a la prensa independiente de Nicaragua.

“Exigimos la desocupación de Confidencial. La Policía de la dictadura debe desalojar las oficinas. Nuestra redacción está financiada por las empresas Promedia e Invermedia, no pertenece a ninguna de las ONG que han despejado de su personería jurídica. ¡No a la confiscación!”, reiteró Chamorro.

“Aquí estamos”

Durante la transmisión del programa Esta Noche, Chamorro advirtió que “si el objetivo de este triple ataque contra la libertad de prensa, libertad de expresión y la libertad de empresa era cerrarnos, callarnos o intimidarnos, esta noche le decimos a la dictadura: Aquí estamos, las ideas no se matan. Los periodistas tenemos un compromiso sagrado con la verdad y seguiremos informando, investigando y fiscalizando el poder, y denunciando la corrupción y los atropellos de la dictadura”.

Chamorro denunció que el asalto fue ordenado por “el jefe supremo de la Policía Nacional, el dictador Daniel Ortega, que ha convertido a la Policía en una fuerza delincuencial”, y sostuvo que “sabían que estaban saqueando las oficinas de los medios de comunicación y no CINCO”.

Horas antes de la ocupación del edificio, el Ministerio de Gobernación ya había insistido en llevar a las oficinas de Confidencial una comunicación dirigida a CINCO.

“Denunciamos una vez más a la dictadura por este nuevo intento, que también es un intento de asaltar y confiscar los bienes de las empresas ProMedia e InverMedia, que son las productoras de Confidencial y Esta Semana, ahora que tratan de establecer esta falsa relación con CINCO”, declaró Chamorro.

Para el periodista, lo ocurrido a Confidencial y Esta Semana “forma parte de la escalada represiva de una dictadura que esta derrotada políticamente y que solo puede sostenerse por el terror, pero la moral y los principios de los periodistas de nuestra redacción están intactos”.

“Pueden robarse todas las computadoras y equipos que quieran, pueden amenazarnos y perseguirnos, pero no van a lograr que nos autocensuremos y dejemos de informar, porque tenemos el compromiso sagrado con un pueblo que ha sido masacrado y encarcelado, de contarles cómo se cambia una dictadura sanguinaria de forma pacífica y cómo los nicaragüenses vamos a lograr reconstruir este país en paz, con democracia y elecciones libres y con justicia que castigue los crímenes de la dictadura que no quedarán en la impunidad”, afirmó.

Condena a la dictadura

Los principales organismos internacionales de derechos humanos condenaron el asalto a la redacción de Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones sostuvo que estas acciones constituyen un patrón de violaciones a las libertades fundamentales de expresión.

David Kaye, experto sobre libertad de expresión de la ONU, emitió un comunicado conjunto con el relator especial de la CIDH, condenado el acoso los medios de comunicación en Nicaragua. Según ambos funcionarios, la situación de la libertad de expresión en Nicaragua es sombría, debido a las agresiones, censura y persecución policial y de elementos parapoliciales contra la prensa.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara, dijo que el asalto a Confidencial demuestra la total ruptura del Estado de derecho y la intención de continuar violando los derechos humanos.

Human Rights Watch también exhortó a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michele Bachelet, a pronunciarse a la brevedad sobre el asalto a la libertad de expresión y la sociedad civil en Nicaragua. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, repudió categóricamente el asalto a Confidencial.

Sector privado alerta escalada represiva

El sector privado expresó su solidaridad indiscutible con las empresas Promedia e Invermedia, ante el asalto perpetrado por decenas de alistados en la Policía Nacional, que se llevaron sin orden judicial alguna casi una veintena de computadores y más de una decena de discos duros, entre otro abundante equipo de oficina y periodístico.

Al denunciar el “ataque contra dos empresas privadas que no tienen relación con el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), Carlos Fernando Chamorro, director de los cuatro medios de comunicación que dependen de las dos empresas asaltadas, dijo que se trataba de “un asalto brutal… dirigido por un dictador brutal”.

A José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (Cosep), lo sucedido demuestra que “nuestros derechos constitucionales están sin protección estatal”, lo que “quedó evidenciado una vez más, no solo con la cancelación de las nueve oenegés, sino con este allanamiento ilegal contra tres empresas privadas que no están vinculadas con esa decisión que tomó la Asamblea Nacional”.

“Estamos solidarizándonos con Confidencial, Promedia, Invermedia, Cabal, y cada una de las oenegés que están sufriendo esta situación. En la medida de lo posible, trataremos de dar nuestra experiencia en términos jurídicos sobre lo que se puede hacer en término de acciones que al menos dejen establecido lo que es correcto conforme a las leyes… aunque conozcamos los resultados finales”, añadió el líder gremial.

Por su parte, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), salió en defensa de las empresas asaltadas, en especial de su socia Productora de Medios S.A. (Promedia), al condenar “enérgicamente las recientes violaciones y allanamientos a las organizaciones que han sido despojadas de su personería jurídica”.

La Cámara reiteró la importancia de garantizar el derecho a la libre empresa, la libertad de expresión y el derecho de asociación, todos contemplados en la Constitución política del país.

Los presidentes de tres cámaras adscritas al Cosep llamaron la atención sobre lo que advierten es una escalada de la ola represiva protagonizada por el régimen, que esta vez apunta de forma directa en contra de empresas privadas y organismos de la sociedad civil a los que el matrimonio presidencial identifica como enemigos.

“Esto es un paso adelante en los niveles de represión, que en este caso afecta a la empresa privada. Estas no son oenegés, ni solo medios de comunicación, así que nos solidarizamos con ellos como lo que son: empresas privadas”, dijo Ximena González, presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE).

Su colega Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), definió lo que considera “una escalada más de la represión contra la libertad de expresión, que se vive en el país, y no tiene ningún sentido ni ninguna justificación”.

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) dijo que “no podemos seguir socavando la libertad de expresión, la propiedad privada, el respecto a las leyes y al derecho, se tiene que respetar la Constitución. El presidente tiene que dar un giro de timón completo a esta situación porque si no nos va a llevar a un desastre no solo económico, sino también social”.

Valenti, Aguerri y González, coincidieron con Maltez, acerca de la necesidad de retomar el diálogo, como única forma civilizada de encontrar soluciones a la crisis política, económica y social que aflige a Nicaragua, tal como se lo acaba de expresar el sector privado en una carta enviada el miércoles de esta semana.

Solidaridad internacional

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el allanamiento de Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú, acto que consideró como “un grave ataque a la libertad de expresión y a la democracia”.

La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, expresó que “se trata de una grave violación y otra descarada acción de violencia contra los medios que de manera valiente informan y exponen ante la ciudadanía el verdadero rostro de un régimen alejado de la tolerancia y la democracia”.

Por su parte, el Centro Carter expresó desde Atlanta que está “profundamente preocupado por el reciente ataque y la continua represión del gobierno de Nicaragua a las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación”.

“Las acciones recientes del gobierno intimidan y criminalizan a las personas que defienden legítimamente sus derechos, sin respetar el debido proceso legal. Hacemos un llamado ferviente e inequívoco al Gobierno para que corrija estas acciones y restaure los derechos de los ciudadanos a articular sus puntos de vista opuestos sin temor a la persecución”, instó el organismo.

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