Economía

¿Qué persigue el Gobierno al reformar ley sobre sociedades anónimas?

Bajo el pretexto de cumplirle al GAFI, invaden privacidad, buscan control de inversionistas, y atentan contra el clima de negocios

La propuesta de reforma de ley presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obtener información adicional sobre las sociedades anónimas, enturbiará el clima de negocios, y se constituirá en una nueva objeción para los inversionistas extranjeros que estén considerando instalarse en Nicaragua, a juicio de dos expertos en temas contables y de auditoría, consultados por CONFIDENCIAL.

El anteproyecto que la CSJ envió a la Asamblea Nacional, busca “cerrar las brechas y fisuras a través de la cual el crimen organizado pueda realizar sus acciones”, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que se propone reformar la Ley 698, ‘Ley General de los Registros Públicos’, así como el Código de Comercio.

Estas reformas buscan, entre otras cosas, conocer “quién es el beneficiario efectivo, el usufructuario real de una sociedad mercantil, a fin que estos vehículos corporativos no sean utilizados para permear los sistemas antilavados de las jurisdicciones que integran el GAFI”, según las justificaciones del anteproyecto.

“El GAFI teme que algunas empresas inventen socios accionarios; que los utilicen para entregar ganancias ficticias a estos socios fantasmas, y que ellos abran cuentas en los bancos, como una forma de lavar dinero”, explicó el economista Róger Arteaga.

“Esta ley permitiría que las autoridades -no sé si la Siboif, la UAF, la CSJ- tuvieran un nivel de acceso a la información de los clientes, que se constituye en invasión a la privacidad y vulnera el sigilo bancario, como en 2018, cuando intentaron que se les reportaran todas las transferencias mayores a 5000 dólares”, declaró un consultor en temas de prevención de lavado de activos, que pidió mantenerse en el anonimato.

Intencionalidad política sobre sociedades anónimas

“El Gobierno puede decir a quienes se oponen a implementar estas medidas, ¿cuál es el problema, si todos debemos ser transparentes? Pero sabemos que se puede usar para dañar a cualquier empresario que demuestre protagonismo político”, declaró un consultor en temas de prevención de lavado de activos, que pidió mantenerse en el anonimato.

“Aquí la Ley se usa con matiz político, para pasarle la cuenta a los opositores al régimen. Así que nos vamos a abstener de votar por ella, pensando en los antecedentes de abusos a las ONG que fueron confiscadas, o a los jóvenes que encarcelaron aplicándoles las leyes antiterroristas”, aseguró la diputada Azucena Castillo, integrante de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, de la Asamblea Nacional.

El consultor citado antes, dijo que, ante un requerimiento de información tan detallada por parte del Gobierno nicaragüense, “un empresario puede decidir que tiene que aplicar algún tipo de ingeniería financiera para triangular la información, y que no se le vincule con esos recursos, para evitar que lo persigan, sancionen o chantajeen”.

“Si un empresario Juan Pérez apoya a un grupo político que esté en contra del Gobierno, ellos lo van a presionar para que no siga apoyándolos. Se ha hecho por décadas a través de los reparos de la DGI, y eso frena las inversiones, porque tendrán temor de que la información de sus negocios se use en su contra”, añadió.

“Esto también afecta a los extranjeros, que no se sentirán cómodos con el nivel de explicaciones sobre su dinero tendrán que dar en Nicaragua”, amplió.

La UAF no tiene independencia

Junto con el riesgo de frenar las inversiones en el país, también se advierte un defecto de nacimiento de toda la legislación en torno a la creación y funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no solo porque en toda ella se percibe una intencionalidad política en contra de los adversarios al régimen de Daniel Ortega, sino también por las personas que están involucradas con ella.

“Estas leyes son cuestionables desde sus inicios en 2018 y 2019, cuando se crearon para combatir el terrorismo, pero se usaron para condenar a los presos políticos”, dijo un contador público que también pidió permanecer en el anonimato.

“En Nicaragua, donde no hay Estado de Derecho, la Ley se puede usar para pasarle la cuenta a los enemigos del régimen. El Gobierno no tiene credibilidad para implementar esa Ley. Ojalá que pronto la UAF pueda funcionar como es debido”, complementó la diputada Castillo.

“El problema es que la UAF es infuncional desde que su coordinador es [el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván] Acosta, que es uno de los sancionados, y hace apenas unos días que se reunió con ellos para darles instrucciones. ¿Cómo es posible?”, cuestionó el contador público.

“La autoridad moral de la UAF es inexistente, desde que está dirigida por militares y policías que, por definición, están obligados a obedecer un mando vertical salido de sus propias instituciones, igual que la autoridad moral del Gobierno es inexistente. Ni la UAF ni la Siboif tienen independencia alguna del Gobierno, cuando deberían ser instituciones técnicas”, dijo por su parte el consultor.

En vez de  nuevas leyes, apliquen las que están vigentes

Aunque los consultados comprenden el riesgo de que el GAFI nos pase de su lista gris a su lista negra si confirman que no ha habido ningún avance, el consultor reconoció que “las regulaciones y la Ley existen, y es una buena ley, de modo que no necesitas crear nuevas leyes de información pública, sino hacer cumplir la ley que ya tenemos”.

El reporte del Instituto de Gobernanza de Basilea es una excusa perfecta para pedir toda esta información, con el pretexto de que se hace para cumplirle al Gafilat, pero eso no es necesario, pues ni los señalamientos de Basilea ni los del Gafilat están relacionados con esa falta de información, pero esta Ley les da un poder inmenso que pueden usar contra mucha gente”, advirtió.

En otro ámbito, el contador público reconoció que él y sus colegas, quedaron manos arriba cuando se les designó como sujetos obligados, porque no tienen más opción que cumplir con lo que se les manda.

Los abogados también son sujetos obligados. Ahora, al hacer la Constitución de una sociedad, tienen que saber de dónde provienen los fondos, así que esta Ley los obliga a renunciar al sigilo que les permite la Ley del Notariado, y eventualmente, a denunciar a sus clientes, porque tienen que investigar quiénes son sus partes relacionadas, sus directivos… esto nos pone contra la pared, tanto a los contadores públicos como a los abogados”, insistió.

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