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Economía

Institución cierra 2016 con pérdidas de C$1,300 millones y requiere una reforma urgente

Se agudiza crisis financiera del INSS

INSS

Escasa cobertura, poca productividad y una alta burocracia generosamente bien pagada que "chupa" los recursos menguantes del INSS



La reforma del sistema de pensiones es una tarea cada vez más urgente, luego que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), acumulara pérdidas por cuarto año consecutivo (unos C$1,300 millones en 2016), acelerando la llegada del momento en que sus finanzas colapsarán, si no se efectúan cambios urgentes.

“El déficit seguirá, hasta tanto no se efectúe una reforma integral”, aseguró el catedrático y experto en temas de seguridad social, Manuel Ruiz, al ser entrevistado para el segmento ‘Cuentas Claras’, del programa de televisión ‘Esta Noche’, que se transmite por canal 12.

Durante el periodo presidencial 2007 – 2011, el INSS acumuló reservas por C$6,950 millones, incluyendo el bache del 2009, causado por la crisis financiera global. Por el contrario, en los últimos cinco años, el INSS acumula pérdidas por C$2,938.5 millones, lo que ha encendido todas las alarmas.

El problema del INSS es que son muchos sus problemas: desde una escasa cobertura, hasta empleos con poca productividad, pasando por una alta burocracia generosamente bien pagada; un grupo que recibe pensiones sin haber cotizado el mínimo exigido por ley; un plan de inversiones que es secreto y discrecional, y un elenco limitado de actores que deciden los cambios, dejando por fuera al resto de la sociedad.

Para Ruiz, el déficit se explica por la aprobación de pensiones (aunque sean reducidas) para un grupo de jubilados que no llegó a cumplir el mínimo de 750 semanas, lo que tiene un costo anual de C$1,300 millones, conjugado con el hecho que solo se debería destinar el 6.25% de los ingresos del Instituto en concepto de gastos administrativos, pero se gasta el 14% en ese rubro.

El Instituto “debería tener 1,500 trabajadores, pero tiene 3,000. Hay que efectuar una reingeniería administrativa para reducir esos gastos frondosos”, dijo. Esa ‘reingeniería’ debería encontrar una solución para el hecho que los bien pagados trabajadores del INSS tienen no uno, sino dos aguinaldos.

Afiliar en el campo, las cárceles y los hogares

Habría también que salir a buscar a los trabajadores hasta sus empleos en las empresas informales, en el campo, los hogares (las trabajadoras domésticas) y hasta en las cárceles, para aumentar los ingresos del INSS, pensando en primer lugar en aumentar la cobertura, que es de 23% a 24%, y tratar de alcanzar los niveles que exhibe el sistema costarricense, que es de 75%.

“Nicaragua tiene una población económicamente activa de 3.5 millones de personas, de las que solo hay 850,000 afiliadas al sistema de pensiones”, detalló Ruiz, mostrando que hay mucho de dónde crecer.

Ruiz no tiene empacho en seguir comparando el sistema nicaragüense de pensiones con el de la región, en especial, con los de Guatemala, Costa Rica y Panamá, que tienen sus propias leyes de inversiones, mientras que en Nicaragua, esas decisiones se toman al amparo de un acuerdo del Consejo Directivo del INSS.

“Nicaragua no tiene una ley ni un reglamento de inversiones”, señaló. Mientras que en esos tres países se publica la lista de operaciones en las que se invierten los recursos de los cotizantes, y hasta los retornos que generan, en Nicaragua hay que esperar a que una investigación periodística saque a la luz las decisiones que se hacen con el dinero público.

“La Asamblea Nacional debería nombrar al presidente ejecutivo y al presidente del Consejo Directivo, a propuesta de los pensionados y los cotizantes”, y no solo a instancias del poder ejecutivo, dijo el experto.

El problema es que negociar y encontrar el consenso para una reforma, es un proceso que requiere “dos a tres años”, para que entre en vigencia en 2019, y debe incluir a una multitud de actores: trabajadores, pensionados, empleadores, la academia, los sindicatos, la Organización Internacional del Trabajo, etc.

“Debe haber el mayor consenso posible. Sería un gran error que se busque una solución negociando únicamente entre el gobierno y el sector privado”, dijo Ruiz poniendo como ejemplo el hecho que, después de la reforma que negociaran esos dos sectores en 2013, “seguimos igual que entonces”, aseguró.