Política

Sanciones al anillo del poder familiar de Ortega ante incumplimiento de reformas y cese a la represión

Señal “poderosa, fuerte y clara” de EE.UU. a Ortega

Sancionados

Aguirre Sacasa: “Le dicen: ‘nuestra lectura, Daniel, es que el problema sos vos, la Policía tuya, los paramilitares tuyos'"



Las sanciones a tres de los operadores políticos más cercanos a la pareja presidencial de Nicaragua, hechas este 5 de julio bajo la Ley Global Magnitsky, son una alerta clara del Gobierno de los Estados Unidos sobre la demanda de resultados al Gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, ante la masacre de su represión contra la protesta ciudadana, que desde el pasado 19 de abril ya suma más de dos centenares de muertos confirmados, estiman analistas que conocen la política norteamericana.

“Esto es una acción decisiva”, califica el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, para quien la intención del Gobierno estadounidense “con una sanción tan severa, es ver si logran captar la atención de Daniel Ortega”, advirtiéndole que “van muy en serio” en su posición ante la represión oficial y que están al tanto de la situación del país.

El comisionado general Francisco “Paco” Díaz, director de facto de la Policía Nacional, y consuegro de Ortega y Murillo; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y visto como el número tres en el mando político, con Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN, se unieron este jueves a la lista de funcionarios nicaragüenses señalados por corrupción y violación de los derechos humanos, sancionados por los Estados Unidos. La lista la inauguró en diciembre de 2017, el ahora expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.

Altos funcionarios estadounidenses precisaron que las sanciones son una “respuesta inmediata” a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también estaba en el ejercicio de la Presidencia.

Aguirre Sacasa argumenta que con estas sanciones, la administración estadounidense está diciendo a Ortega cuál es su lectura de la situación, más allá de las justificaciones oficiales, que no reconocen la rebelión cívica, y la culpan de la violencia bajo el pretexto de un golpe de Estado, pero cientos de miles de ciudadanos han registrado con fotos, videos y testimonios la brutal represión del régimen.

“Le están diciendo: ‘nuestra lectura, Daniel, es que el problema sos vos, la Policía tuya, los paramilitares tuyos, y por ende, las sanciones son para gente cercana a vos, y pueden irse aumentando’. Están señalando a Ortega que van muy en serio”, valora Aguirre Sacasa.

Falta de resultados y de voluntad

El exembajador de Nicaragua en Estados Unidos y actual miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann, sostiene que las sanciones estadounidenses para tres que “pertenecen al círculo más cercano de la pareja presidencial” son “una reacción” de Estados Unidos “al hecho de que el Gobierno de Nicaragua no ha suspendido la represión, y que más bien la ha incrementado, incluso a pesar de la presencia y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos”, como la Comisión Interamericana de la OEA, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

“Lo que Estados Unidos le dice a Ortega —agrega la comandante guerrillera, Dora María Téllez— es que si no cumple los compromisos en el marco de la OEA, la comunidad internacional no se va quedar con los brazos cruzados, porque el Consejo Permanente lo repitió: cumplir las 15 recomendaciones de la CIDH”, que incluyen el cese inmediato de la represión y el desmantelamiento de los grupos “parapoliciales” que codo a codo con la Policía han impuesto el terror y la sangre en un país que se alzó contra Ortega y Murillo.

“Están tocando el círculo íntimo de Daniel Ortega y ya tocando una parte de su familia, porque Díaz es consuegro”, coincide Téllez.

Para la dirigente del opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el mensaje de Estados Unidos es “sumamente claro”, y añade que “le están diciendo al pueblo de Nicaragua que están respaldando la lucha del pueblo nicaragüense por justicia y libertad, y que le están recordado a Daniel Ortega que él hizo un compromiso en la OEA, que ha tratado de evadirlo”, en relación a las recomendaciones de la CIDH ya citadas.

“El segundo asunto —enumera— es que el propio Ortega puso sobre la mesa en la Asamblea General que debería haber adelanto de elecciones al menos en el plazo que había establecido (el secretario general) Luis Almagro”, quien mencionó un plazo mínimo a marzo de 2019, o máximo a agosto del mismo año. “En estas tres semanas Ortega se ha hecho el que dijo nada, el que puede engañar a la comunidad internacional”, analiza.

El significado de las sanciones “exclusivas”

Cuando el Departamento de Estado emitió la primera sanción bajo la Magnitsky a Roberto Rivas, otros trece funcionarios y ciudadanos de otros países del mundo estaban incluidos. Aguirre destaca que en esta ocasión, hay una nueva sanción que solo aplica a Nicaragua, incluyendo a tres de sus funcionarios.

“Para mí es de singular importancia que esta acción sea solo con Nicaragua”, dice, porque a su juicio “muestra la molestia de Estados Unidos”, que incluiría también la inconformidad del Gobierno norteamericano sobre los resultados del Diálogo Nacional, en el cual participan el Gobierno y la Alianza Cívica que integran estudiantes, sociedad civil, campesinos y el sector privado, con mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal.

“Me permito especular que a lo mejor ellos (Estados Unidos) no están satisfechos con la falta de progreso en el Diálogo Nacional. Tenían, creo yo, expectativas diferentes. Lo cual me hace especular que habían acuerdos, tentativos al menos, en cuanto al adelanto de las elecciones, y que aquí van realmente en serio los norteamericanos”, valora.

El excanciller asegura que para él “estaba claro” que Estados Unidos aplicaría la Magnitsky a funcionarios nicaragüenses “en cualquier momento”, pero confiesa que no se imaginó que la sanción llegaría solo para Nicaragua, con una lista de tres funcionarios.

“Eso obviamente lo que demuestra es un problema serio en la relación del Gobierno de Nicaragua con el Gobierno norteamericano, y que los norteamericanos, después de haber advertido con un lenguaje muy fuerte del secretario de Estado, y el hecho de que no haya habido ningún progreso, ningún progreso —repite— en el Diálogo Nacional, es lo que ha precipitado estas sanciones muy duras contra parte de la argolla del presidente Ortega y la vicepresidente Murillo”.

Incumplimiento del Gobierno traería más sanciones

Según Aguirre, “no solo el pueblo nicaragüense se siente frustrado por la violencia que continúa, sino que hay frustración internacional, y sobre todo en nuestro socio comercial más importante que es Estados Unidos”.

Aguirre recordó que Estados Unidos ya envió a dos altos representantes a Nicaragua, citando la visita del delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Caleb McCarry, y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.

A mediados de junio, CONFIDENCIAL reveló que Ortega habría informado al Gobierno de Estados Unidos su disposición a adelantar las elecciones, como medida para resolver la crisis que afecta al país, que entonces sumaba 146 muertos confirmados.

Aguirre asegura que “no sé qué podrían haber hablado antes (Estados Unidos y Ortega), pero el mensaje claramente es: ‘poné mente a lo que te estamos diciendo, y también date cuenta que si el país sigue aterrorizado por las fuerzas del Gobierno, te van a caer otras sanciones más fuertes para vos’. No sé cuáles podrían ser”, aclara.

Sin embargo, reitera que estas recientes sanciones, precedidas de la suspensión de visa a varios funcionarios, son “una señal muy poderosa del Gobierno norteamericano al Gobierno de Daniel Ortega”.

“Lo más ominoso de lo que han dicho los norteamericanos con estas sanciones es que pueden haber más. Al final de su comunicado dicen que seguirán monitoreando la situación de Nicaragua y que si continúan como está ahorita, puede haber más sanciones. La justificación de esto es que hay algo que está pasando en Nicaragua, que no le parece a los norteamericanos”, estima.

La “sorpresiva” sanción a Fidel Moreno

Para Aguirre Sacasa, “la gran sorpresa” entre los sancionados fue la inclusión de Fidel Moreno, quien destaca que “prácticamente” ha desaparecido de la palestra pública. La última vez que Moreno apareció ante las cámaras oficiales en las que previo a la crisis se le miraba a diario, fue el 7 de junio pasado, supervisando las obras de la Alcaldía de Managua en el paso a desnivel de Las Piedrecitas.

“Para mí fue una sorpresa y entiendo que él (Fidel) fue escogido por la violencia de los paramilitares”, comenta Aguirre tras subrayar que el significado de su escogencia revelaría el nivel de información que maneja Estados Unidos sobre la represión oficialista.

El Departamento de Estado señala a Moreno por abuso grave contra los derechos humanos, dirigir grupos delictivos para agredir a manifestantes y desvío de fondos públicos.

“Moreno es el principal enlace entre los Gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional y también ha actuado como líder de la Juventud Sandinista… Moreno se ha visto personalmente implicado en ordenar ataques contra manifestantes desde 2013, cuando ancianos y jóvenes que protestaban pacíficamente por la reducción de las pensiones de jubilación fueron desalojados violentamente de su campamento (…) y ha sido acusado de robar grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos municipales para pagar las actividades del partido FSLN”, detalla el comunicado.

Contubernio represor entre Policía y pandillas

Las sanciones sobre “Paco” Díaz y “Chico” López eran más predecibles. Uno ha sido el rostro visible de la represión policial en contubernio con las fuerzas paramilitares; el otro ha manejado, dentro de la misma cartera oscura, las cuentas del partido, y la millonaria cooperación venezolana.

“Díaz es uno de los principales responsables de la matanza que se ha hecho en Nicaragua contra jóvenes nicaragüenses, contra personas indefensas. Él es la cabeza de la represión policial. Además, él es el padrino, amparador, progenitor de las fuerzas paramilitares, que demuestra que es que ese mando policial, al que pertenece Francisco Díaz, es un bando criminal mafioso, pandilleril. Y eso es lo que le dice Estados Unidos”, valora Téllez.

A Díaz, el Departamento de Estado lo vincula a abusos contra los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y asociación ilícita para delinquir.

“La policía nicaragüense se ha acercado a los líderes de las pandillas en Nicaragua para que los ayuden a atacar a los manifestantes antigubernamentales y han sido acusados de disparar indiscriminadamente y matar a manifestantes pacíficos”, recrimina en Estados Unidos en su sanción.

Téllez considera que con las sanciones, “simple y llanamente” Díaz “deja de poder librar ningún cheque en la Policía Nacional, porque ningún banco que tenga corresponsalía en Estados Unidos va a admitir un cheque firmado por él”, y tendrá que “ceder” la administración policial que ejerce de facto”.

Los “méritos” de “Chico” López

Desde la primera sanción estadounidense al entonces presidente del CSE, Roberto Rivas, el nombre de “Chico” López, ya se mencionaba. Sobre el histórico tesorero del partido de Gobierno también pesaba en contra su vínculo y representación con Albanisa y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), cuyos funcionarios venezolanos ya han sido fuertemente sancionados en ese país, estrechamente ligado al gobierno de Ortega.

El Departamento de Estado ha detallado que “como resultado de las acciones de hoy (5 de julio) quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de aquellos designados, dentro de la jurisdicción de los EE.UU. Además, a los estadounidenses se les prohíbe, en general, realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas”.

Estados Unidos señala a López de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y desvío de fondos públicos. Con el manejo discrecional de más de 4,000 millones de dólares de la cooperación venezolana a Nicaragua, se han comprado “estaciones de televisión y radio, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos”, precisó el Departamento de Estado.

Tünnermann resalta que las sanciones estadounidenses parten de una investigación previa del Departamento de Estado, y que al no ser “así no más”, el Gobierno de Ortega debería suspender de sus cargos a los tres sancionados. Aunque no cree que esto ocurra.

En el caso de Rivas, sancionado en diciembre, la Asamblea lo mantuvo como presidente sin funciones del CSE hasta su “renuncia” en mayo pasado, cuando argumentó “problemas de salud”, para retirarse, sin dar la cara en público desde finales de noviembre.

Pero Téllez advierte que quienes están “unidos en torno al crimen ahí se van a quedar”.

“Daniel Ortega los convirtió en criminales a su servicio. No creo que ese segmento se mueva. Pero el mensaje para el resto es clarísimo, porque hay centenares —considera— que no están comprometidas en conductas criminales y que están a tiempo de abandonar a Ortega, como oficiales de la Policía que vomitan al salir de las salas de tortura”.

Aguirre sostiene que las nuevas sanciones son “un millón de veces más fuertes que la Nica Act”, que hubiera condicionado el voto de Estados Unidos para los préstamos de organismos multilaterales a Nicaragua, y estima que “las presiones no van a ir disminuyendo”, más bien opina que “todo indica que si no hay una respuesta constructiva de parte del Gobierno (de Ortega), las presiones (de Estados Unidos) se van a subir más”.