Opinión

Situación de la prensa empeoró

El ejercicio del periodismo además de ser criminalizado pasó a ser una profesión de altísimo riesgo en Nicaragua. 



  1. Contexto histórico. Las complejas y difíciles relaciones entre gobernantes, medios y periodistas —denominador común en la mayoría de los países del orbe— se acrecentaron y empeoraron en Nicaragua desde hace más de ocho meses. No bastó la existencia de un poderoso dispositivo mediático propio, ni el surgimiento y consolidación del duopolio televisivo que a través de doce años operaba en beneficio de los intereses gubernamentales. El uso discrecional de la publicidad oficial le permitió sumar otros medios y periodistas a su favor. La forma cómo el Gobierno iba a relacionarse con la prensa disidente fue evidente desde 2007.

La circulación profusa del documento que sustenta la política informativa y editorial del Gobierno evidenció lo que vendría después: la formulación de políticas informativas incontaminadas. Una forma de graficar que se saltarían los filtros que impone la prensa. Esta determinación expresó el deseo de no someterse bajo ninguna circunstancia a escrutinio. En menos de dos meses afloró el conflicto Gobierno-prensa. El frenazo en la distribución del pastel publicitario fue el primer indicio de las contradicciones medios, periodistas y Gobierno. Mercedes Rivas, presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN) demandó una aclaración.

Para aquietar los ánimos, el comandante Daniel Ortega a solo unos días de resultar electo, pronuncio un discurso en las inmediaciones de la Rotonda Rubén Darío, donde aseguró que habría entendimiento con la prensa. La Prensa y radio Corporación habían adelantado que venían días difíciles para el periodismo. Expresé que habiendo asumido Ortega el Gobierno en otras circunstancias, no había espacio para la censura. La creación de los Foros de Periodistas Sandinistas (FPS), supuso un paso adelante en la división del periodismo nicaragüense a partir de criterios estrictamente partidarios. Dejó claro que las relaciones prensa-Gobierno serían tensas.

  1. Nunca cedió un ápice. La aprobación y publicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), ya siendo mandatario el comandante Ortega, abrió un espacio de esperanza. Establece que toda información en manos del Estado es pública excepto la información reservada; habilita a la ciudadanía solicitar información pública sobre todo aquello que fuese de su interés. La gestión pública dejaría de entenderse como una cuestión privada. Todos tienen derecho —y el Estado la obligación— de solicitar información sin justificar las razones para qué las quieren. La gestión pública entraría en una nueva etapa. Un sueño fallido.

Los funcionarios públicos —con excepción de la Asamblea Nacional y de algunas alcaldías— jamás han entregado la información solicitada. Cuando los periodistas pidieron a Telcor les dijese cómo establecían las telefónicas sus pliegos tarifarios —derecho prescrito en la Ley 621— este se negó a entregarla. Igual actitud tomó con estudiantes y estudiosos de la comunicación que les han demandado información para saber quiénes son los dueños de los medios audiovisuales. Una información disponible desde que asumió la presidencia Violeta Barrios de Chamorro y continúo entregándose durante los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.

El año 2008 fue fatal para el periodismo nicaragüense; los enfrentamientos callejeros contra el fraude cometido por el Consejo Supremo Electoral (CSE), durante las elecciones municipales fueron adversos. Varios periodistas fueron agredidos en las inmediaciones del hotel Hilton-Princess. Algunos vehículos sufrieron daños (el más averiado pertenecía a canal 2). La situación de medios y periodistas se agudizó. Se produjo el cierre de canales de televisión (León y Chinandega), de estaciones de radio (Sébaco) y telenoticieros (Cóndega). Las relaciones tendieron a empeorar y alcanzaron mayor deterioro a partir de las protestas iniciadas en abril de 2018.

  1. La prensa no ha retrocedido. La utilización de la publicidad como premio o castigo, el uso de Telcor, la DGI y la DGA como aparatos represivos, no silenciaron las críticas. Medios y periodistas fueron venciendo la autocensura. Justo reconocer que desde el inicio ni Confidencial, La Prensa y El Nuevo Diario (antes de ser adquirido por la corporación Banpro); ni los programas televisivos Esta Semana, Esta Noche; Canal 2 (antes de ser adquirido por Ángel González), Canal 12 ni la Corporación y Darío aceptaron autocensurarse. Cuestionaron la gestión del presidente Ortega. Nunca renunciaron a su función fiscalizadora del poder.

Los estallidos de las protestas en abril marcaron un distanciamiento mayor del Gobierno con algunos medios. Los cuestionamientos que venían haciendo 100% Noticias y Café con Voz, trataron de ser atajados mediante la intervención de Telcor. Su director ejecutivo conminó al periodista Miguel Mora cerrara de inmediato Café con Voz y le exigió moderar sus críticas hacia el Gobierno. Ante la respuesta negativa de Mora, Telcor cerró durante seis días las transmisiones de 100% Noticias. Su reapertura obedeció a las presiones ciudadanas. Los directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también solicitaron el cese de la censura.

Como resultado de los ataques contra los periodistas, El Nuevo Diario y Acción 10 reformularon sus políticas informativas. Decidieron romper su mutismo y condescendencia con el Gobierno. El asesinato en Bluefields de Ángel Gahona marcó un parteaguas. La conducta invariable de medios y periodistas condujo a que los asedios y agresiones en su contra subieran de nivel. Ante la imposibilidad de evitar las críticas los gobernantes han decidido contener a la prensa mediante el incremento de la represión. El ejercicio del periodismo además de ser criminalizado pasó a ser una profesión de altísimo riesgo en Nicaragua.

  1. La reedición del pasado. Lo que jamás imaginé es que las relaciones del Gobierno con la prensa implicarían un enorme retroceso. Los legisladores encargados de la elaboración de la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales en 1995 (Ley 200), no incluyeron ninguna disposición que incidiese con el contenido difundido por los medios audiovisuales. Trataban de evitar la experiencia negativa del somocismo. La Ley 200 —aunque obsoleta— es de carácter eminentemente técnico. De esta forma evitaban intrusiones lesivas contra la libertad de expresión. Un derecho conquistado por los nicaragüenses con sangre, sudor y lágrimas.

Al verse rebasado por los análisis e informaciones de 100% Noticias, Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, el Gobierno decidió ocupar sus instalaciones con la intervención de la Policía Nacional. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau —director-propietario y jefe de Prensa de 100% Noticias— se encuentran detenidos. La ocupación de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche resulta totalmente inexplicable. Se hizo bajo el pretexto de pertenecer a CINCO, lo cual es totalmente falso. Durante la intervención de CINCO en 2008, la Policía Nacional se abstuvo de intervenir sus bienes ya que son propiedad de las empresas Promedia e Invermedia.

Ante la represión y el temor de ser encarcelados más de medio centenar de periodistas se han exiliado. La Prensa y El Nuevo Diario —pese estar solventes con la DGA— no han podido desaduanar la tinta y el papel. Corren riesgo de cancelar su circulación impresa. El periódico Q’hubo dejó de imprimirse. Las demandas de organizaciones internacionales defensoras de medios y periodistas —SIP, Reporteros Sin Fronteras, CPJ, Artículo 19— han sido desoídas. El periodismo nicaragüense atraviesa un momento crucial. Si las medidas no han sido efectivas, ¿qué impide a los gobernantes rectificar? ¿Habrá que esperar hasta el reinicio del Diálogo Nacional?